(InfoCatólica) En un artículo titulado "Mi modesta opinión", publicado en la web de la Conferencia Episcopal de Cuba, Mons. Pino Estévez da su parecer sobre esta cuestión. Empieza diciendo:
Son muchas las personas que están manifestando sus opiniones sobre los 224 artículos del Proyecto de Constitución redactado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, como señala un escrito en el periódico Adelante del pasado sábado 22 de septiembre, el artículo 68 «parece la parada obligatoria en los debates». El motivo es el cambio que hay con relación a la actual Constitución de 1976 que define al matrimonio «como la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común». El Proyecto para la nueva Constitución que se debate plantea un cambio sustancial en la definición de matrimonio que define como ‘la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ella, a fin de hacer vida en común».
Y luego añade:
Considero que todo Estado, nuestro Estado, debe garantizar y hacer respetar los derechos de todos sus ciudadanos. Y que la Constitución debe ir en esa línea, como ley fundamental que es. Deben tener los mismos derechos blancos y negros, mujeres y hombres, sanos y enfermos, de una religión o de otra, recién nacidos y ancianos, de una provincia o de otra, cultos e incultos, heterosexuales y homosexuales, etc.
Hablando de estos últimos, quisiera mencionar algo: Conocí a dos personas del mismo sexo que vivían en una misma casa. Personas mayores que brindaban a todos su respeto y recibían cariño de todos sus vecinos. Nadie tenía quejas de estas personas. Años después de pensar que habían nacido de los mismos padres fue que supe que se trataba no de familiares, sino de «una pareja». Contada la anécdota, paso ahora a la reflexión: ¿Qué pasará el día en que muera quien tiene la propiedad de la casa donde viven? ¿Cómo queda ante la Ley la otra parte que aún vive? Es fácil contestar: Sin protección legal alguna. Y si por casualidad aparece algún familiar de quien murió a reclamar los bienes materiales, dejará sin nada a quien vivió a su lado muchos años. Se llevará hasta los balances de la sala.
Es allí donde, según mi humilde opinión, tendría que actuar la Asamblea Nacional y averiguar qué se hace en otros lugares al respecto. Me han dicho que en otros países (Colombia, México, etc.) existe el reconocimiento civil de las «parejas de hecho». O sea, que las personas de la anécdota contada pueden ir a una instancia jurídica o bufete de abogados y formalizar su unión ante la Ley. Y con ello, ya las personas homosexuales no quedarán desprotegidas. Incluso leí que en toda la Unión Europea se reconocen una serie de derechos aun en caso de que la pareja no se haya registrado ante ninguna administración.
Claro está, en los países mencionados, a estas uniones no se les llama «matrimonio» sino «parejas de hecho», que no es lo mismo. El matrimonio se mantiene definido como la unión de un hombre y una mujer, mientras que las «parejas de hecho» son las uniones entre dos personas del mismo sexo.
Ojalá que, para nuestra futura Constitución, no se modifique la definición actual de matrimonio, sino que se estudie la posibilidad de implementar en ella las «parejas de hecho». Así se respetarían los derechos de todos.
Sin embargo, la opinión del arzobispo de Camagüey no coincide con el magisterio de la Iglesia Católica según el documento «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales», de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando su Prefecto era el cardenal Joseph Ratzinger, actualmente papa emérito Benedicto XVI. Dicho documento concluía así:
La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.
