(La Razón/J. V. Echagüe) Por un lado, asociaciones provida consideraban que se dejaba la puerta abierta a su práctica, al diferenciar entre «sedaciones buenas y malas»; por otro, las organizaciones que apoyan la «muerte digna» creían que se había dejado pasar una oportunidad para aprobar por ley la eutanasia, algo que verían con buenos ojos, según los sondeos, ocho de cada diez franceses. Así, toda iniciativa que pretende legislar en este sentido no está exenta de polémica, debido a que la redacción de los textos puede dar pie a ambigüedades y dobles lecturas. Algo que también ocurre en nuestro país.
Actualmente, Andalucía, Aragón, Navarra y Canarias cuentan con leyes aprobadas en este sentido. Mientras, País Vasco, Galicia y Baleares planean su tramitación.
El texto de Baleares ha sido analizado en profundidad por Profesionales por la Ética. Se trata de una iniciativa del PSOE respaldada por el PP que, de momento, cuenta con el visto bueno para iniciar su trámite parlamentario. En opinión de esta asociación, se han realizado mejoras en el texto. Por ejemplo, y como ocurría en el caso francés, el borrador incluía también el derecho a la sedación terminal, algo que puede suponer una «eutanasia encubierta». Finalmente, explican, la sedación sólo se aplicará en la agonía de los pacientes, «cuando la necesiten y esté indicada». Sin embargo, y como explica la doctora María Alonso, portavoz de Vida Digna de Profesionales por la Ética, el borrador incluye el «derecho al rechazo de intervenciones», sin dejar claro a qué tatamientos se refiere: ¿hablamos de cuidados ordinarios o extraordinarios? «Si este punto no se aclara, podría ser legal retirar la hidratación y nutrición del paciente, lo que supondría claramente una eutanasia», asegura Alonso. El problema, añade, es que en el texto no se diferencia entre la limitación de medidas de soporte vital –como la hidratación y nutrición–, que podrían provocar una muerte intencionada por omisión de cuidados básicos, de las medidas «desproporcionadas», que el profesional debe evitar para no incurrir en el llamado encarnizamiento terapéutico. Por ello, sí sería ético, explica la doctora, retirar el respirador a un paciente en coma que no ha respondido a un tratamiento en un tiempo que los médicos consideren adecuado. Y del mismo modo, también es «lícito» retirarle la hidratación y nutrición a un enfermo en fase de agonía –aquel que «puede fallecer en 24 o 48 horas»–.
Álvaro Gándara, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), afirma a este diario que este derecho al rechazo del tratamiento ya viene recogido en la Ley de Autonomía del Paciente, de 2002. «Es algo que está aprobado y no me parece ningún disparate. Se contempla y se hace: en fase de agonía, se retiran la hidratación y nutrición del paciente, informándolo a él o a los familiares. Poner una sonda gasográstica en estos casos supone un encarnizamiento», opina. De hecho, la Secpal fue consultada al respecto y terminó dando su visto bueno al texto balear después de que se retirara el «derecho a la sedación».
Y es que, en opinión de Gándara, éste constituye uno de los principales problemas de estas leyes. «El derecho a la sedación no tiene sentido. No es un derecho: es una práctica quirúrgica determinada. Si no está indicada, no se puede exigir», señala. «La sedación, como cualquier otra técnica, requiere unas dosis proporcionadas. Y si se hace mal, ya no es una sedación: es eutanasia», añade.
En este punto coinciden también Profesionales por la Ética. La tendencia actual es incluir la sedación paliativa como un derecho. Así ocurre en Andalucía, Aragón y Canarias. En la mayoría de casos, es para aquellos pacientes en fase terminal o de agonía «si el dolor es refractario al tratamiento específico». La consideración de «derecho» para la sedación puede dar pie a complicaciones. «El médico es el que mejor conoce las cartas y el que debe comunicar al paciente las opciones para que elija», explica Alonso. Y el hecho de otorgar poder al paciente por encima del profesional puede provocar que «el médico actúe inhibiéndose y abandonando al paciente». «Todos los médicos tenemos claro que no se puede llevar a cabo un encarnizamiento. No necesitamos de leyes, derechos y deberes, sino un diálogo con el paciente y fomentar una buena humanización de la medicina», añade. Así, Álvaro Gándara cree que una ley «debe recoger una buena atención paliativa y la lex artis, lo que hay que hacer en una determinada situación de acuerdo a lo que recogen la ciencia y la práctica médica habitual».
¿Y en qué lugar quedan los profesionales ante estas legislaciones? De todas las leyes, señala Alonso, la aprobada en Navarra «es la única que no coacciona a profesionales con sanciones, pues retiró la tipificación de ‘‘delito muy grave’’ por la de ‘‘obstaculización a los ciudadanos de los derechos expresados en la ley’’».
