(EP/InfoCatólica) El texto de las sociedades médicas argumenta que la ley vigente «destaca por su carácter preventivo, proponiendo diversas acciones para mejorar la formación, la educación y la atención», unos aspectos esenciales que quedarían anulados con la nueva norma.
También destaca que la actual ley «ha sido bien aceptada socialmente y ha favorecido la no estigmatización de las mujeres que han decidido abortar», y subraya que cuenta con una buena acogida entre los profesionales porque respeta la objeción de conciencia y los posiciona en el papel de acompañamiento.
Mienten al plantear que habría más desigualdad social
En cambio, según los firmantes del manifiesto, la implementación de la nueva ley supondría un incremento de las desigualdades sociales y de atención en salud, dado que «las mujeres con posibilidades económicas que quisieran interrumpir su embarazo lo podrían hacer en otros países, y aquellas con menos recursos lo harían clandestinamente». La realidad es que la nueva ley garantizaría el pago con dinero público de los abortos que cumplan los supuestos despenalizadores.
En relación a las malformaciones y enfermedades graves, el manifiesto revela que «sólo podrían acogerse a la interrupción voluntaria del embarazo el 0,09% de los casos».
Asimismo, el documento afirma que «el redactado de la ley cuestiona el papel ético y científico de los profesionales de la salud mental y los coloca frente a unas determinaciones que no le corresponden».
«Estas determinaciones quitan la responsabilidad de decisión de la mujer y no le ayudarán a aliviar el malestar emocional», critican las sociedades médicas en el texto, que aseveran que las leyes restrictivas que dificultan el aborto no lo disminuyen, sino que lo esconden.
