(Irina Marzo/IDiario de Córdoba) Este informe, que ha sido elaborado en Córdoba y está a falta de pasar un último trámite en Madrid, no se hará finalmente público, a menos que las partes interesadas (el denunciante o la propia Iglesia) así lo decidan. El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Juan José Primo Jurado, informó, eso sí, de la conclusión más importante que arroja este documento: «El informe deja claro nítidamente que la titularidad de la Mezquita-Catedral es de la Iglesia», indicó ayer el subdelegado. Asimismo, la investigación concluye que «la inmatriculación del edificio no es un requisito para definir esa propiedad», añadió Primo Jurado.
La intervención del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, esta misma semana en el Senado y en respuesta a una pregunta sobre la Catedral del senador por IU, José Manuel Mariscal, apuntó ya esa tesis. El ministro criticó la confusión jurídica que se tiene de «la inscripción con el título de propiedad» e insistió en que «la inscripción del dominio no es constitutiva de la propiedad».
En el informe, que según ha podido saber el Diario de Córdoba tiene diez folios de extensión, el Estado argumenta «razones jurídicas e históricas» para atribuir la propiedad del edificio al Cabildo Catedralicio. Para su elaboración, la Delegación de Economía y Hacienda de Córdoba ha solicitado a su vez informes y documentos a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se dirigieron a esta dirección por ser «el órgano competente para la protección y defensa de los bienes integrantes del patrimonio».
Fuentes del Obispado informaron ayer de que no tienen constancia oficial del término de la investigación y que aún no tienen en su poder el informe que avala las tesis que baraja el Obispado: a saber, que la titularidad de la Catedral no es un hecho que se remonte al 2006 –cuando se realizó la inmatriculación– sino que data del año 1236, cuando el rey Fernando III El Santo cedió la Mezquita a la Iglesia tras la conquista de la ciudad.
Desde el Obispado y el Cabildo Catedralicio se han argumentado razones históricas y jurídicas «de peso» que acreditan la propiedad eclesiástica del inmueble, amparada, además, «por la legislación española, por la legislación europea y por el Derecho Internacional», especifican las fuentes.
El asunto sobre la titularidad del monumento Patrimonio de la Humanidad ha suscitado dos informes de la administración española: el que ha realizado Hacienda y el que continúa elaborando la Junta de Andalucía.
