(El Tiempo) La sangrienta reyerta entre pranes –líderes negativos– estuvo encabezada por Edwin Soto, apodado «El Mocho Edwin» y se extendió por más de 17 horas. Posteriormente el Ejecutivo nacional ordenó el desalojo del penal.
Los obispos han pedido a las autoridades que investiguen «diligente y efectivamente los hechos de violencia ocurridos en los centros penitenciarios, a fin de identificar las causas y sus responsables (...) y evitar que estos acontecimientos se repitan en el futuro».
La CEV ha expresado su profundo dolor y consternación por los acontecimientos y advirtió que este tipo de sucesos responden a factores que ya han sido denunciados como la insuficiencia de la infraestructura carcelaria, la corrupción, el hacinamiento que conlleva a la violación de derechos humanos, los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad, la existencia de mafias que hacen de los recintos carcelarios sitios de negocios de armas, drogas y secuestros, las pugnas de poder y el retardo procesal.
Condiciones inhumanas
En el documento –suscrito por la Comisión de Justicia y Paz de la CEV, la Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques y la Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas–, se exhorta al Estado a superar las condiciones inhumanas en las que viven los privados de libertad.
La CEV solicitó la revisión del sistema penitenciario «con participación de Organismos de Derechos Humanos, de modo que éste sirva para que la persona encuentre el verdadero sentido de su vida».
Asimismo, ha pedido multiplicar gestos humanitarios para la población recluida. «Reconocemos los pasos que se han ido dando en relación a los gestos humanitarios, pero solicitamos que se intensifiquen para que sean muchos más los beneficiarios que puedan recuperar la libertad, hecho que tendría mayor eficacia si fuera acompañado por la agilización de los procesos judiciales».
De igual forma han instado a implementar un diálogo constructivo y armónico entre la sociedad y las autoridades que permita la búsqueda de soluciones viables, además de incorporar medidas de prevención de la violencia, como la reducción del hacinamiento.
