(EP) Así, Valenciano formulará una pregunta en la sesión de control al Ejecutivo al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, sobre qué anima al Gobierno a, según la diputada, limitar los derechos reproductivos de las mujeres, mientras que Montón lanzará una interpelación urgente a Mato, cuya moción consecuente se debatirá ya en el mes de mayo.
Precisamente, el PSOE amenazó la semana pasada con que, si Mato y Gallardón reformaban la actual normativa de aborto, iban a denunciar el Concordato del Gobierno con la Santa Sede porque esta intención sólo respondía a las presiones que ejercía la Iglesia sobre el Ejecutivo dirigido por Mariano Rajoy.
Es más, anunciaron que iban a iniciar una campaña contra esta «contrarreforma» legislativa en todos los parlamentos españoles, empezando por el nacional, tal y como se producirá este miércoles con la interpelación.
Según alerta el PSOE en el texto de esta iniciativa parlamentaria, la reforma de la Ley del Aborto supone un «retroceso normativo, social e ideológico», accediendo a «unas presiones que proceden la jerarquía eclesiástica».
A su juicio, estas presiones interfieren además en el desarrollo y alcance de las libertades ideológicas y religiosas que reconoce el sistema constitucional, y la reforma volvería a situar a las mujeres españolas en la «clandestinidad», aparte de que amenaza su derecho a elegir libremente sobre cuestiones relativas a su sexualidad y maternidad, al mismo tiempo que afecta a la garantía en el acceso a esta prestación sanitaria y a la seguridad jurídica de los profesionales del sistema público de salud.
Comparecencia en el Congreso
De hecho, el PSOE ya registró la semana pasada la solicitud de comparecencia de Mato y Gallardón para que den cuenta de los motivos por los que el Ejecutivo ha decidido reformar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de 2010.
En concreto, el PSOE quiere que Mato explique esta reforma normativa en la Comisión de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Ruíz-Gallardón lo haga respectivamente en la de Justicia, aunque la reforma legislativa se tramitará en esta última por ser donde originalmente se abordó en 1985 esta materia, según confirmó el Gobierno.
Precisamente, el propio Gallardón ha justificado en la tarde de este martes en el Senado que él «será el legislador» y no los obispos, tal y como así le critican desde la oposición.
En esta línea se pronunció también el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien recordó la semana pasada que en un Estado de Derecho es el Parlamento el encargado de elaborar las leyes, y no los obispos, que han pedido derogar la ley del aborto y el matrimonio homosexual.
Es más, Alonso apuntó que, «seguramente», a la Conferencia Episcopal no le iba a gustar la reforma en la que trabajaba el Ejecutivo actualmente sobre la Ley de Aborto de 2010, en la línea de la doctrina de 1985 del TC.
Líneas de la futura reforma
El proyecto en el que trabaja el Ejecutivo parte de la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, definida hasta en tres sentencias de 1985, 1996 y 1999, de que tanto el concebido no nacido como la mujer son titulares de unos derechos, y que el Legislador debe prever que hacer cuando se produce una colisión entre esos derechos.
«Algo que no ocurre actualmente durante esas 14 primeras semanas del embarazo en las que el concebido no nacido está completa y absolutamente desprotegido», ha señalado el Gobierno en defensa de su reforma.
Es más, el Ejecutivo ha manifestado que la citada reforma sobre el aborto se inspirará y respetará en el derecho a la no discriminación a todas las personas, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en 2006 y ratificada por España en abril de 2008.
Con ello, el Gobierno aseguró que iba a seguir las recomendaciones hechas en octubre de 2011, cuando ya estaba en vigor la Ley promovida por el anterior Gobierno, por el Comité de Seguimiento de Naciones Unidas, que dio de plazo hasta 2015 para que España subsanase las contradicciones entre la legislación española sobre el aborto y dicha Convención.
