(Europa Press/InfoCatólica*) El diputado de ICV, Joan Herrera, encargado de defender la propuesta para regular la apostasía, aseguró que las personas que quieren abandonar la fe cristiana se enfrentan "a un proceso lento e incierto" que muchas veces les obliga a recurrir a los tribunales. El político ecosocialista defendió, además, que se debían suprimir los nombres de los apóstatas del registro bautismal "ya que son datos personales sujetos a la Ley de Protección de Datos".
"Poder darse de baja de una religión, dijo, es un derecho recogido en la Constitución española e internacionalmente, por lo que la iniciativa pretende simplemente que el Gobierno cumpla la ley". A su juicio, el PSOE, al votar en contra de la propuesta, "avala que haya organizaciones que estén fuera de la ley".
En esta misma línea, el diputado de ERC Joan Tardà criticó, en su defensa de una iniciativa similar, los "obstáculos burocráticos" que pone la Iglesia para darse de baja, lo que en su opinión supone "una respuesta irresponsable a un acto de ciudadano responsable". Asimismo, pidió al PSOE que apoyara la iniciativa y "se deje de tantos temores", al tiempo que les acusó de encontrarse en una situación de "coito interruptus" porque cuando "hay una amago de que los obispos se suben a las barbas, ustedes se asustan".
Desde las filas del PSOE, el diputado Jordi Pedret señaló que es "poco oportuno en este momento" llevar a cabo dichas modificaciones y recordó el Gobierno tratará de dar solución a esta situación en la reforma que prepara de la Ley de Libertad Religiosa. Además, señaló que distintas resoluciones del Tribunal Supremo consideran que las partidas de bautismo son datos históricos y, por tanto, no deben ser sometidas a la Ley de Protección de Datos.
Para el diputado del PP Eugenio Nasarre, esta cuestión sobre la regulación de la apostasía, "ya rechazada en otras legislaturas, es un falso problema", ya que en la actualidad las personas dejan de pertenecer a una fe con libertad. En su opinión, la propuesta "es aberrante desde el punto de vista jurídico" y "alejada de la configuración moderna de la libertad religiosa".
El portavoz popular recordó que hay cuatro sentencias del Tribunal Supremo en las se establece que los libros de bautismo no son ficheros personales sino "datos históricos ciertos" que no pueden ser objeto de la Ley de Protección de Datos.
Por parte de CiU, Montserrat Surroca manifestó que los procedimientos para darse de baja de una religión "deben ser regulados por la propia religión y el Gobierno debe mantenerse al margen" siempre y cuando "se respeten los derechos de las personas".
La iniciativa dedicada a la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado fue defendida por el diputado de IU, Gaspar Llamazares, quien aseguró que este concordato nació "de impulsos preconstitucionales y tiene muy poco que ver con la dignidad de un Estado", además de ser contrario "a su caracter aconfesional".
A su juicio, estos acuerdos conceden "privilegios a la Iglesia católica", como son "su presencia abrumadora en la educación" y que cuente "con financiación pública". Según dijo, "la mayoría de las ciudadanos, tanto católicos como no católicos, quieren revisar estos acuerdos, porque distinguen lo que es Dios y lo que es el Cesar".
Llamazares también solicitó al Gobierno la reforma la Ley Orgánica de Libertad Religiosa -aprobada en 1980- "para que no se favorezca a la jerarquía católica ofreciéndole un trato diferencial" y acusó al Ejecutivo de "mantener una relación desequilibrada y confesional" con la Conferencia Episcopal.
A este respecto, el popular Nasarre enfatizó que el concordato "es rigurosamente constitucional" y añadió que "por su caracter flexible puede acomodarse a los tiempos". Además, se preguntó a qué obedece esta "obsesión" por la revisión de los acuerdos, más aún cuando hoy temas más importantes como la crisis económica.
Nasarre afirmó que el texto de Llamazares "está lleno de falsedades" porque el catolicismo no es la religión oficial del Estado y la enseñanza de la religión es estrictamente voluntaria, entre otras cosas. También dijo que "no hay ninguna razón de fondo para la reforma de la Ley de Libertad Religiosa porque "goza del más amplio consenso y está en plena sintonía con los principios constitucionales".
