(R. Ruiz/La Razón) De las 14.965 objeciones presentadas en esta comunidad, el 20 por ciento se han presentado en centros públicos, aunque en algunas ciudades del cinturón madrileño, como Alcalá de Henares, suponen el 55 por ciento. La consejería madrileña llegó a pedir por escrito a los centros que los objetores que no iban a clase «recibieran la adecuada atención educativa» en el tiempo en el que sus compañeros cursaban la asignatura, pero Profesionales por la Ética, una de las plataformas más beligerantes contra la asignatura, ha lamentado algunas incidencias. «Ha habido amenazas de suspenso e incluso se ha obligado a algún alumno a permanecer en el pasillo», explica Ángeles Eyre, portavoz de la plataforma.
En la Comunidad Valenciana, un 40 por ciento de las 5.843 objeciones corresponden a colegios públicos. Y eso que la decisión del Gobierno valenciano de impartir la materia en inglés «ha sido utilizada políticamente por los sindicatos que tienen mayor presencia en los colegios públicos y ha habido inspectores afines al PSOE que promovieron un informe negativo sobre los centros que respetaban la objeción», informa José Carlos Muñoz, de la plataforma Valencia Educa en Libertad.
En Castilla-La Mancha existen diferencias entre casos como el de Ciudad Real, donde las objeciones en centros públicos superan a las de los privados y concertados, y Toledo, donde las objeciones en la pública representan el 40 por ciento. En esta autonomía, la agresiva actitud inicial de la Administración regional hacia los que se oponían a cursar la asignatura se ha ido moderando. En Andalucía también ha predominado la actitud hostil de la Administración hacia los objetores y en centros públicos de Cádiz y Córdoba los que se han resistido a la materia han sido calificados con un suspenso.
