(Ángela Martialay/L D) El pasado día 23 el juez Fernando Ferrín Calamita fue condenado a la pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público, por un retraso judicial en el proceso de adopción de una menor solicitado por la compañera sentimental de su madre biológica. Sobre dicha sentencia y otras cuestiones ha hablado con Libertad Digital el magistrado.
En primer lugar, ¿cómo se siente usted tras conocer la sentencia que lo condena a la pérdida de su condición de magistrado y a pagar 6.000 euros de indemnización a la pareja de lesbianas?
Me siento defraudado porque, aunque todo apuntaba desde el principio que iba a ver juicio y sentencia condenatoria, tenía un hilo de esperanza de que esto no fuera así. Pero había que condenar fuera como fuera.
Una de las principales reivindicaciones que actualmente se hacen desde diferentes sectores judiciales es que faltan medios y esto provoca retrasos en los procedimientos. Usted estaba en principio acusado por un delito de prevaricación y al final lo han condenado por un retraso. ¿Por qué se alargaron los trámites de adopción de la menor?
Pues porque el gabinete psicosocial, al que pedí un informe pericial, no me contestó a lo que yo preguntaba, que era si la menor se iba a ver afectada por la ausencia de una figura paterna y el hecho de tener dos “madres”. Dicho gabinete me remitió un documento de medio folio en el que me decían que no me complicase la vida y que esa niña iba a vivir con esa pareja quisiese yo o no. Al cabo de seis meses, la Dirección de la Familia emitió otro informe sin contestar sobre los posibles daños psicológicos de la niña. Los trámites se prolongan no por un retraso malicioso mío sino porque los psicólogos no contestan a lo que yo pido. Si a mí me condenan por un retraso de seis meses, se debería procesar al 99 por ciento de los jueces. Paradójicamente, me acusan de retraso cuando me han estado pagando un complemento de productividad por pasarme en el número de asuntos resueltos.
La adopción es considerada en los acuerdos internacionales como un derecho del menor. La ley defiende la idea de que nadie tiene derecho a adoptar, sino que es el adoptado el que tiene derecho a serlo. ¿Cree usted que se ha olvidado esta premisa a la hora de juzgarle?
Por supuesto que se ha olvidado. La condena por un retraso no sólo exige un elemento objetivo que es el retraso injustificado, sino que el juez tiene que buscar una finalidad ilegítima. La sentencia que me condena dice que la finalidad ilegítima que yo perseguía era privar a la adoptante de su derecho a adoptar. Cuando se han dado cuenta que eso es descabellado lo han corregido dictando indebidamente un auto aclaratorio, cosa que no se puede hacer. Se ha partido de la base que la adoptante tiene derecho a adoptar cuando nadie, sea homosexual o heterosexual, tiene ese derecho.
La sentencia afirma que usted no tenía "un plan preconcebido para conseguir que la adopción no se produjese”, es decir, que no pretendía abortar el proceso. ¿Considera justa su condena?
Creo que es injusta y considero que no se tenía ni que haber admitido a trámite la querella.
Para muchos ciudadanos fue muy llamativo que saliendo a la luz pública el mismo día su resolución y la del juez Rafael Tirado (acusado de tener paralizada la sentencia que hubiera llevado a la cárcel al pederasta que supuestamente asesinó a la pequeña Mari Luz), éste sólo fuese sancionado con una multa de 1.500 euros y usted apartado de su carrera durante más de 2 años, ¿Qué explicación le da usted a estas condenas tan dispares?
Yo le hablo de mi caso y está claro que se ha partido desde el prejuicio ideológico de género y que había que condenar a alguien. Se sabe cuando un juez retrasa injustificadamente los asuntos. Hace poco el CGPJ suspendió cinco meses de su cargo a una jueza de Gijón que tenía asuntos retrasados desde 2005. En el caso de Tirado, éste no llegó a ejecutar la sentencia del supuesto asesino de la niña de Huelva y lo han sancionado con 1.500 euros.
Por otra parte, su defensa denunció un chantaje por parte de los abogados de la pareja de lesbianas, quienes supuestamente dijeron que su “querella sería retirada si usted accedía a irse de Murcia y entregaba 10.000 euros al letrado de la querellante". ¿Qué ha dicho la Justicia al respecto?
Quisimos aportar al juicio la grabación que probaba estos hechos pero nos dijeron que no era pertinente y que no guardaba relación con el objeto del procedimiento. Me instaron a presentar una querella independiente. ¡Pero cómo no va a guardar relación que me diga el abogado de la acusación que no hay delito si yo me voy de Murcia y pago una cantidad de dinero a las denunciantes!
Se le ha acusado de no saber separar sus ideas personales de su faceta profesional. Usted incluso ha declarado que se le ha llegado a echar en cara su actuación por ser católico. ¿Influyen las creencias de un juez en las resoluciones que éste dicte?
No influyen. De hecho, nunca he antepuesto mis creencias a mi deber a la hora de dictar una sentencia. El ser católico, que lo soy, si influye en un juzgado de familia es para bien. Cuando tengo un caso siempre me fijo en los menores y busco su interés porque las personas mayores son responsables de sus actos. Los derechos del niño, tanto la legislación española como la europea, dice que en temas de adopción siempre prevalece el interés del menor sobre el de los adoptantes.
En alguna ocasión usted ha denunciado que ha habido medios de comunicación que lo juzgaron antes de que lo hiciese un tribunal. ¿Cómo cree que han tratado su casos los medios?
Ha habido un juicio paralelo por determinados medios que socialmente me han condenado antes de ser juzgado. En ellos se ha dicho que un juez como yo no puede estar en la Carrera Judicial.
¿Se ha sentido en algún momento víctima de una campaña contra su persona?
Sí, desde el principio me han presionado para que me alejase del caso. ¡Hasta me llevaron al instituto de medicina legal para comprobar si mis facultades mentales estaban bien! Me han llegado a decir que la administración de Justicia no se podía permitir un juez díscolo o rebelde como yo.
En contraposición, mucha gente lo apoya y considera injusta su condena. Prueba de ello es la plataforma Pro Ferrín Calamita (www.juezcalamita.com) que se creado para ayudarle ha recaudado 9.000 en diez días... ¿Cómo nació esta iniciativa?
Surgió de un grupo de amigos que me dijeron que iban a ayudarme económicamente para sufragar la indemnización fijada en la sentencia y las costas judiciales. También para mantener a mi familia, porque como juez estoy sujeto al régimen de incompatibilidades que impide trabajar en otra cosa.
Su defensa ya anunciado que se recurrirá al Supremo su sentencia. ¿Espera usted que éste le dé la razón?
Sí, porque éste ha sido un proceso cargado de irregularidades y contaminado desde el principio. Espero que se revoque la sentencia en el fondo.
