(José A. Méndez/Alfa y Omega) «Con mi cliente ha pasado lo mismo que con la juez de Denia que puso trabas a un matrimonio de homosexuales, es decir, un acoso para que ningún magistrado se atreva a discutir las leyes estrella del Gobierno. Don Fernando Ferrín Calamita les resulta incómodo, les incordia y les molesta, y al sancionarlo a él se intenta avisar a los demás jueces, dar una lección ejemplar sobre lo que le puede pasar a un juez que presente una cuestión de inconstitucionalidad a una ley como la de matrimonios homosexuales». Con esta rotundidad se expresa el abogado del juez Ferrín Calamita, don Javier María Pérez-Roldán, sobre el calvario -en forma de juicio- que está atravesando su defendido. ¿Su delito? Haber denegado la adopción de una menor a una pareja de lesbianas, después de que los servicios psicosociales del Juzgado no contestasen varias preguntas sobre la idoneidad de que la menor tuviese dos madres, en lugar de un padre y una madre. Con un agravante, al parecer intolerable para la acusación: ser magistrado católico en un Juzgado de Familia.
Velar por el menor
La polémica comenzó cuando Vanesa H., una mujer lesbiana, solicitó adoptar a la hija de otra mujer, Susana M., con la que se había casado tras aprobarse la ley de matrimonios homosexuales y que había concebido mediante inseminación artificial. La solicitud de adopción llegó al Juzgado de Familia de Murcia, donde el juez Ferrín Calamita ejerce desde hace 15 años. El magistrado «sabía que sobre esa ley se había presentado un recurso de inconstitucionalidad, que aún está pendiente, porque puede ser perjudicial para los menores. Mirando en beneficio de la niña, decidió no tramitar la adopción de forma automática, y solicitó un informe a los servicios psicosociales sobre la idoneidad de la adopción», relata Pérez-Roldán. Sin embargo, los servicios psicosociales «dieron su visto bueno sin entrevistarse con la pareja de lesbianas, y mandaron al juez una hoja sobre la buena relación entre las mujeres, pero en la que no se menciona el interés de la niña», dice el abogado. El juez solicitó la intervención de un defensor judicial que mediase en el caso, para esclarecer si la niña resultaría perjudicada, además de pedir que todos los psicólogos de la Dirección General de Familia contestasen tres preguntas realizadas en el mismo sentido.
La demora por estos trámites fue considerada negligente para la Fiscalía, quien, a instancias de la pareja de lesbianas, emprendió acciones legales contra el juez, acusándolo de retardo malicioso y prevaricación. En un primer auto, se consideró que no había delito en la actuación de Calamita, pero se afirmó que se seguiría con el proceso -algo ilegal, pues, sin delito, el caso se cierra-. Las protestas de la defensa (¡y de la propia Fiscalía!) por esta irregularidad retardaron la resolución del Presidente de la Sala que juzgaba a Calamita; Presidente que ya había amenazado y expedientado antes a Calamita para que acelerase la adopción, y le había dicho que «un católico no puede estar en un juzgado de Familia». Para más inri, tras las protestas de Calamita por que no se cerrase el caso tras constatar que no había delito, el Presidente se retractó y donde dijo digo, dijo diego: en un segundo auto consideró que Calamita sí había cometido retardo malicioso. «Lo más curioso es que, entre una y otra decisión -afirma el abogado del juez-, medió un hecho: el abogado de las lesbianas habló con la Fiscalía y propuso que si Calamita pagaba 10.000 euros y se iba de Murcia, ellas retirarían la querella. Dado que el juez se considera inocente, pues sólo se movió por el interés de la menor, se negó a ello cuando la Fiscalía se lo hizo saber. Entonces, el Presidente de la sala pasó de considerar que no había delito a decir que sí lo había». Además, Pérez-Roldán señala que «hay más irregularidades, como que el juez debería haberse inhibido porque ya había abierto un expediente a Calamita, o que al primer fiscal que intervino y que adoptó la misma postura que Calamita no se le acusa de nada».
Juicio político
Ante tantas irregularidades en perjuicio de Calamita, el abogado del juez no duda en mostrar su sorpresa: «Mi defendido siempre ha actuado en beneficio de la menor. Y decir que fue contra las lesbianas por ser católico es absurdo, porque él no está a favor del divorcio y como juez de familia ha tenido que ocuparse de muchos casos, atendiendo sólo a la legalidad y al bien del menor. ¿Qué pasaría si al final la ley resulta ser inconstitucional? Que esa niña viviría en unas circunstancias que podrían perjudicarle. Quieren hacer valer los derechos de la pareja de lesbianas por encima de los de la menor, y eso es ilegal». Por eso, Pérez-Roldán concluye que, «a pesar de que él sólo ha mirado por el interés de la menor, que es la que tiene derecho a tener un padre y una madre, a mi defendido se le está juzgando por un interés político; estamos viviendo un juicio político más que un juicio jurídico». Juzgue el lector si está en lo cierto.
