(Europa Press) Las declaraciones se producen después de que la semana pasada el Congreso aprobara la creación de una subcomisión de expertos que elaborará en los próximos seis meses un informe para la posible reforma. El objetivo es tender hacia una ley de plazos combinada con los supuestos que actualmente permiten la interrupción del embarazo.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que en un estado democrático se puede hacer uso de los instrumentos para la discusión, tales como la manifestación, la libertad de expresión y el derecho a reunión, para expresarse y proponer.
"Respeto" al derecho de la madre
Rouco ha insistido en su defensa del derecho a la vida del no nacido y ha indicado que ello no tiene "nada que ver" con respetar "el derecho de la madre". El cardenal considera que la formación del no nacido no depende de "elementos cuantitativos" y que "desde el momento que hay código genético hay que hablar de quién no de qué".
En este sentido, ha apuntado que sería "legítimo" que hagan uso de los derechos "de manifestación, expresión o reunión" para "sostener su visión del derecho a la vida". Preguntado acerca de si la Iglesia estaría dispuesta a manifestarse para defender su postura, ha respondido que "ni lo descarta ni no lo descarta", pero insistió en que "llegado el momento, serán los seglares los que lo hagan".
El presidente de la Conferencia Episcopal ha asegurado que en un estado democrático se puede hacer uso de los instrumentos para la discusión, tales como la manifestación, la libertad de expresión y el derecho a reunión, para expresarse y proponer. El Partido Popular ha vuelto a expresar en los últimos días su oposición a cualquier cambio en la ley argumentando que es un debate que no está en la calle y no existe el suficiente consenso para llevarla a cabo.
Objeción a la Ciudadanía
Durante su intervención, Rouco se ha refirido también a la polémica en torno a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. "Es un problema que se puede resolver muy fácilmente con una modificación del programa de la asignatura que aceptaría cualquiera", ha sentenciado. Tras afirmar que tiene una "esperanza de acuerdo" al respecto, el presidente de los obispos ha recordado que la Iglesia defiende el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos y a "que usen todos los medios legítimos para defenderlo". "Creemos que se puede hacer objeción de conciencia. La ley se va a respetar, otra cosa es que se pueda hacer objeción de conciencia", ha manifestado.
Rouco Varela se ha refirido también a su relación con el Gobierno. Tras descartar que el Ejecutivo esté buscando un "choque" con la Iglesia, ha reconocido que las relaciones Iglesia- Estado en España "son más positivas" que en países como Francia, aunque ha dicho sentir "un poco de envidia" de la existente en otros, como Alemania.
Memoria histórica y crisis
El presidente de los obispos retomó el debate en torno a la Ley de Memoria Histórica, que considera "innecesaria" por la importancia de "no trasladar problemas superados a las nuevas generaciones".
Respecto a los archivos diocesanos y parroquiales sobre personas represaliadas durante la Guerra Civil, reiteró que éstos "no se han cerrado a nadie" y que "no ha habido el menor problema", aunque recordó que "en zona republicana fueron quemados y destrozados casi en su totalidad".
Relacionó la actual crisis económica con una "crisis de las conciencias" e hizo hincapié en que "los que más la sufren tienen que ser sujetos de la solidaridad cristiana", y negó sentirse preocupado sobre sus posibles repercusiones a la financiación de la Iglesia.
Finalmente, se refirió al nombramiento de Carlos Dívar como nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, y dijo que "ser católico o no católico" en un Estado democrático de derecho "no es una cualidad relevante".
