(Pedro Fernández/InfoCatólica) La enmienda propuesta, que reformaría un artículo que ya concede protección a los niños, supone otorgar al Estado las potestades para decidir por medio de los llamados trabajadores sociales si los padres «fallan en sus obligaciones para con los niños» de modo que el bienestar o la salud de éstos pueda quedar dañado. En esa situación, el Estado podrá tomar el lugar de los padres y hacer que los niños sean incluso adoptados por otras familias.
El Estado también garantizará que los niños y adolescentes puedan formarse su propia conciencia sin interferencias de los padres y que sus decisiones al respecto sean respetadas.
La implicación del Gobierno democristiano (partido Fine Gael) para la aprobación de la reforma ha sido tan intensa que el Tribunal Supremo sentenció que la publicidad gubernamental al respecto era partidista y sesgada pese a lo cual Kenny y sus ministros se han negado a posponer el referéndum.
La Iglesia Católica pide el no al referéndum a través de sus periódicos y de avisos en las parroquias. Los reparos de los católicos, así como los de otros ciudadanos irlandés, se centran en que los trabajadores sociales dispondrán de armas legales para inmiscuirse en la vida de las familias y arrebatar los hijos a los padres.
Como la anunciada Agencia de Apoyo al Niño y la Familia carece por ahora de presupuesto, se teme que los trabajadores sociales recurran a la retirada de la tutela y la entrega de los niños en adopción como medios más fáciles y baratos.
De manera paradójica, el mismo Estado y los mismos políticos que han causado la crisis financiera que sufre Irlanda (con casi un 15% de paro y la destrucción de urbanizaciones vacías) pretenden ser capaces de asegurar el bienestar moral y físico de los niños y adolescentes irlandeses mejor que sus padres.
