(PpE) “Se trata”, explica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, “de explicarle porqué EpC constituye una grave anomalía educativa a la que el nuevo Gobierno debe poner fin cuanto antes. Es una anomalía porque implica la pretensión del Estado de sustituir a los padres en la formación de la conciencia de sus hijos. Porque supone una invasión por el poder político de la intimidad de los alumnos y sus familias. Porque violenta la libertad y la responsabilidad de cada persona de buscar y descubrir por si misma la verdad y lo que es justo al imponernos una moral pública común definida unilateralmente desde el Gobierno de turno”.
Profesionales por la Ética prepara un amplio dossier en el que expone al ministro la inconstitucionalidad de este conjunto de asignaturas así como la reacción de numerosos padres que presentaron objeción de conciencia (55 000) para que sus hijos no las cursaran. “En términos judiciales”, explica Urcelay, “EpC ha dado lugar a cerca de 3 000 demandas en los tribunales españoles. En la actualidad son 400 los españoles que esperan sentencia del Tribunal de Estrasburgo en una demanda contra el Estado por vulneración de sus derechos como objetores”. Todo ello sin contar las denuncias de EpC en un total de nueve foros internacionales (OSCE, Naciones Unidas, Consejo de Europa, Parlamento Europeo…).
Según Urcelay, además de pedirle al ministro el final de este largo conflicto, que se remonta al año 2006, Profesionales por la Ética quiere tratar con él la situación académica de los alumnos objetores que actualmente no entran en clase y que, según estimaciones de esta asociación, ascienden a un millar en toda España, sin contar con los que fueron objetores en cursos pasados y todavía no han acabado sus estudios.
“Por último”, explica Urcelay, “nos pondremos a disposición del Gobierno para prestarle la ayuda necesaria con el objetivo de evitar, en el futuro, otros experimentos de adoctrinamiento educativo estatal que contravienen los derechos fundamentales de padres y alumnos reconocidos por la Constitución Española y la normativa internacional”.
