(EP) El recurso, según informan los exconsejeros del Cabildo, "rebate los hechos que dio por ciertos el Banco de España al instruir el expediente y que fueron definitivamente acogidos por la resolución sancionadora, sin tener en cuenta las alegaciones y pruebas propuestas por los interesados en su momento".
A este respecto, se recuerda por los sancionados que "CajaSur actuó desde 2004 bajo la estricta vigilancia del Banco de España. La apertura del expediente sancionador, tras seis años de vigilancia permanente y de que la caja desplegase una demostrada política de ajuste de su sistema de control de riesgos, siguiendo los requerimientos del Banco de España, supone un trato manifiestamente desigual y contrario a Derecho, pues el supervisor no puede ejercer su potestad sancionadora en el momento que arbitraria e inopinadamente estime oportuno, sino en cuanto aprecie indicios de infracción".
Por lo demás, "la distinción que hace la resolución sancionadora entre los programas de mejora y reestructuración emprendidos por la Caja -cuya existencia reconoce- y su ejecución, que tacha de insuficiente y desidiosa, es completamente caprichosa y ajena a la realidad".
En definitiva, según los exconsejeros del Cabildo, "CajaSur ha sido tratada discriminatoriamente por razones extrajurídicas que a estas alturas ya no escapan a nadie. Y lo ha sido mediante una interpretación del Derecho abusiva y, en algunos extremos, absurda. Por ello, los recurrentes albergan la esperanza cierta de que, o bien el Ministerio o bien los tribunales, corregirán esta injustificada e injusta actuación del Banco de España".
Las sanciones
Los recursos de reposición ahora presentados se producen después de que el pasado noviembre el entonces Ministerio de Economía y Hacienda ratificara las sanciones que el Banco de España incluyó en el expediente que abrió a CajaSur y a 40 exmiembros de su consejo de administración y exdirectores de la entidad, tras intervenirla en mayo de 2010, con sanciones para 38 de ellos que suman 2,5 millones de euros, siendo los expresidentes de la caja Santiago Gómez Sierra (obispo auxiliar de Sevilla) y Juan Moreno, los únicos a los que inhabilita.
Solo dos de los cinco exdirectores generales, José Arcenegui y Carlos Senent, han visto sobreseídos todas las causas que se les abrió con el expediente y no han sido sancionados. En el otro extremo están los citados expresidentes de CajaSur, siendo a Mons. Gómez Sierra al que se impone la mayor sanción de todas, 180.000 euros, además de inhabilitarlo por dos años para ejercer cualquier cargo directivo en una entidad financiera, mientras que a Juan Moreno se le sanciona con 50.000 euros y se le impone un año de inhabilitación.
De hecho, el resto de 'patronos' de CajaSur, es decir, otros miembros del Cabildo Catedral de Córdoba presentes en los dos últimos consejos de administración de la desaparecida caja, que son a los que afecta el expediente, también han sido sancionados con dureza, en comparación con el resto. De este modo, el que fuera vicepresidente segundo de la entidad, Fernando Cruz Conde, ha sido sancionado con 142.000 euros, mientras que otro canónigo, Alfredo Montes, debe hacer frente a una multa de 137.000 euros. En ambos casos, el Banco de España, y ahora el Ministerio, no archiva ninguna de las causas abiertas contra ellos.
Así, mientras que para la entidad en sí, que desde el pasado 1 de enero está en manos del Grupo BBK y se ha constituido en un banco (BBK Bank CajaSur), solo ha previsto su amonestación pública, vía Boletín Oficial del Estado (BOE), para la mayoría de los citados 'patronos' de la entidad, el órgano supervisor y luego el Ministerio han decidido no archivar ninguna de las causas que se les abrió, siendo este el caso de Joaquín Alberto Nieva (92.000 euros de sanción), Francisco Jesús Orozco (98.000 euros) y del presidente del Cabildo, Manuel Pérez Moya (107.000 euros). Solo Juan Arias y el actual obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta, tienen sanciones menores, de 48.000 y 30.000 euros, respectivamente, y se benefician del archivo de tres de las cuatro causas que se les abrieron a cada uno.
También se enfrentan a las sanciones de mayor cuantía y sin que se haya archivado ninguna de las causas que se les abrieron, una parte los representantes de los impositores: Carmen Domínguez (107.000 euros), Amalia Fernández (131.000 euros) y Julio Tomás Diaz (135.000 euros), mientras que, de entre los representantes de los trabajadores, del sindicato Aspromonte, José Leiva no logra el archivo de ninguna de las causas que le afectan y afronta una sanción de 136.000 euros.
Los casos en los que no se ha archivado ninguna causa afectan a miembros del último consejo de administración de CajaSur que se opusieron a la fusión con Unicaja, lo que supuso la intervención de la caja, aunque otros miembros del consejo de administración de CajaSur, en minoría, sí expresaron su deseo de que se cerrase un acuerdo de fusión con la caja malagueña, como había instado el Banco de España.
Sanciones a políticos
Esta postura ya se tuvo en cuenta parcialmente por el Banco de España, que redujo los cargos y, por ende, rebajó las sanciones, que impuso a los que fueran vicepresidente primero y tercero de CajaSur, Salvador Blanco (PSOE) y Juan Ojeda (PP), a los que sanciona con 78.000 y 74.000 euros, respectivamente, siendo sancionados también Andrés Hens (IU) y el secretario general del PSOE en Córdoba y ahora portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Juan Pablo Durán, con 56.000 y 64.000 euros, respectivamente. En todos estos casos el Banco de España archivó dos causas a cada uno.
Finalmente, de entre los 14 políticos que han representado en el consejo de CajaSur a los ayuntamientos, la Diputación de Córdoba y la Junta de Andalucía en los dos últimos consejos de CajaSur, también han sido sancionados el presidente provincial del PP en Córdoba y ahora alcalde de la capital cordobesa, José Antonio Nieto (18.000 euros) y el que fuera alcalde de Córdoba por IU, Andrés Ocaña (41.000 euros), habiendo archivado el Banco de España tres causas de las que afectan a cada uno.
El listado de políticos sancionados se completa con el actual presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, el popular Luis Martín (20.000 euros y tres causas archivadas), el exconcejal de IU en el Consistorio cordobés Francisco Cárdenas (20.000 euros y tres causas archivadas), la socialista María José Lara (26.000 euros y tres causas archivadas), el exalcalde socialista de Lucena, José Luis Bergillos (33.000 euros y dos causas archivadas), la exalcaldesa socialista de Priego de Córdoba, Encarnación Ortiz (23.000 euros y dos causas archivadas) y el exalcalde La Carlota, el socialista Francisco Pulido Aguilar (51.000 euros y tres causas archivadas).
