(Efe) Según el escrito de acusación provisional del el ministerio público, la red se servía mayoritariamente de carnés de identidad sustraídos en Barcelona y Valencia a mujeres españolas, cuya personalidad suplantaban las acusadas u otras para realizar los matrimonios.
También ofrecían a parejas estables que tenían intención de casarse la posibilidad de hacerlo por medio de una “vía rápida“ que les permitía evitar numerosos trámites, o captaban a mujeres españolas para casarse con un extranjero a cambio de una cantidad que oscilaba entre los 1.000 y los 3.000 euros.
Los inmigrantes, en su mayoría hombres de nacionalidad albanesa o paquistaní y, en menor medida, mujeres inmigrantes, pagaban a la red entre 3.000 y 7.000 euros a cambio de un matrimonio fraudulento que les permitía legalizar su situación administrativa en España y obtener permisos de residencia familiar comunitario y de trabajo.
El fiscal argumenta que el párroco acusado, Francisco Javier H.O., “no dudó en prestarse a participar en la trama a sabiendas de su ilegalidad“, soslayando, presuntamente, el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la celebración de matrimonios canónicos válidos.
Por esta razón, el ministerio público solicita la condena del Arzobispado de Zaragoza, al que pertenece la parroquia de la que es titular el acusado, como responsable civil subsidiario en el pago de indemnizaciones de 20.000 euros a cada una de las mujeres suplantadas, que se vieron repentinamente casadas sin saber con quien.
La investigación se inició a raíz de la alerta dada por el juez del Registro de lo Civil de Zaragoza ante los numerosos matrimonios entre inmigrantes y españolas que se realizaban en la parroquia del acusado.
El párroco, detenido el 5 de febrero de 2008, así como las tres mujeres que conformaban la red, trató de resistirse de forma violenta y causó lesiones a uno de los agentes, hechos por los que afronta, además, un delito de resistencia y una falta de lesiones.
El ministerio público reclama a cada uno de los cuatro acusados condenas de 6 años por presunta falsedad continuada en documento público, de 7 años por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y de 3 por otro continuado de usurpación de estado civil.
Por su parte, la defensa del párroco y el Arzobispado piden la libre absolución del párroco, de quien dicen que actuó “de buena fe“ y los letrados de las tres mujeres de la red también solicitan la libre absolución.
