Rocambolesco conflicto Iglesia-Estado en México, siglo XVI

EL APARATOSO LITIGIO ENTRE EL ARZOBISPO LASERNA Y EL VIRREY CARRILLO

El afianzamiento en el Nuevo Mundo de la Iglesia y el Estado y la extensión de sus respectivos poderes, creó a veces en aquellas provincias, no precisamente por antagonismo fundamental, sino por mutuas incomprensiones y apreciaciones puntillosas, contrastes que influyeron también considerablemente en la vida eclesiástica. La Iglesia durante el siglo XVI, amparada por la autoridad civil -sobre todo económicamente, pues dependía casi plenamente del erario real-, aceptó aquella obligada subordinación, pero durante el siglo XVII va adquiriendo dimensión autóctona, su personal jerárquico presenta progreso selectivo y numeral, y el pueblo le pertenece todavía en masa. Por otra parte, las autoridades civiles manifiestan ya inicialmente aquella mentalidad intelectual y religiosa, la ilustración, que sobre todo desde mediados del seiscientos se había extendido en los círculos dirigentes europeos. Aunque ni en España ni en América se presentaba en su proyección declaradamente anticristiana, ni en manifiesta oposición con las verdades de la fe, delataba ya una clara prevención ante la autoridad eclesiástica.

En ese clima en que el poder real consideraba como sagrados e intangibles sus atribuciones y privilegios, es más agobiante para la Iglesia el patronato real. Felipe IV, con cédula del 15 de marzo de 1629, preceptuaba a todos los obispos hacer juramento solemne ante escribano público y testigos “de no contravenir en tiempo alguno ni por ninguna manera a nuestro patronato real, y que lo guardarán y cumplirán en todo y por todo, como en él se contiene llanamente y sin impedimento alguno”. El mismo monarca confiaba a otra cédula de 25 de abril de 1643 esta contundente determinación: “Rogamnos y encargamos a los arzobispos y obispos de nuestras Indias que, por lo que les toca, hagan que se recojan todos los breves, así de Su Santidad como de sus nuncios apostólicos que hubiere en sus distritos y se llevaren a aquellas provincias, no habiéndose pasado por nuestro Consejo Real de las indias, y no consientan ni den lugar a que se use de ellos en ninguna forma; y, recogidos, los remitan al dicho nuestro Consejo en la primera ocasión, dando para todo las órdenes convenientes, y poniendo en ejecución el cuidado necesario”.

Los virreyes se interesaban sobremanera en ejecutar puntillosamente los derechos de vicepatronos reales. Sus libros de gobierno donde se registraban acuerdos, decretos y bandos virreinales, cartas de ruego y encargo; en una palabra, el gráfico de su régimen jurisdiccional, reflejan -excluyendo, naturalmente, la dimensión estrictamente espiritual- funciones propias de obispos, de provisores eclesiásticos y hasta de vicarios de religiosas. Claro que esta excesiva intromisión de la autoridad civil y el ocasional contraste de la eclesiástica no traducían una antítesis doctrinal y dogmática, sino contiendas periféricas, verdaderos dimes y diretes que terminaban con una que otra queja amarga del Consejo Real de indias, y, a lo más, remociones, ordinariamente con ascenso, de una o de ambas partes contendientes.

Sin duda el más estrepitoso pleito entre obispos y virreyes lo sostuvieron el arzobispo mejicano Juan Pérez de Laserna (1613-1625) y el virrey don Diego Carrillo de Mendoza, conde de Priego y marqués de Gelves (1621-1624). La ocasión la suscitó el alcalde de Metepec don Melchor Pérez de Varáez (o Varaiz), venido a Méjico para resolver ciertos cargos que se habían levantado contra él. Amenazado de cárcel y secuestro de bienes, se acogió al derecho de asilo, y con anuencia de los dominicos se refugió primero en la iglesia de éstos y luego en una celda del mismo convento.

La Audiencia, temerosa de procesarlo, le puso sus guardias a la puerta de la celda y le hizo tapiar las ventanas. El semiemparedado encontró manera de enviar un memorial al arzobispo, reclamando la inmunidad del asilo sagrado en que se hallaba. El prelado, encargado del fastidioso asunto, intimó a los jueces, fiscal y corregidor, bajo la amenaza de declararlos públicos excomulgados e incluirlos en las tablillas por desobedientes a los mandatos y censuras del arzobispo, que en breve término quitasen las guardias y dejasen gozar al acusado de la inmunidad pacíficamente. Por ruego de los oidores de la Audiencia intervino el virrey, pidiendo a Laserna los absolviese dentro de un convenido plazo. Accedió el arzobispo, pero condicionaba el perdón con el reconocimiento de la inmunidad.

Las guardias seguían irremovibles, y el virrey mandó a un delegado apostólico que se hallaba en Puebla, amigo suyo, a que prohibiese al arzobispo excomulgar a los oidores. El delegado, sin ulterior información, cumpliendo los deseos del virrey, mandó al arzobispo absolver a los de la Audiencia, pero el arzobispo, creyéndose libre en este asunto de la jurisdicción del delegado, dejó incumplida su orden. Ante la insistencia del marqués de Gelves, el delegado condenó al arzobispo y comisionó a un dominico la absolución de los excomulgados.

Laserna, deseoso de una solución pacífica, reunió a su cabildo y comisionó al deán y otras dignidades para que suplicasen al virrey que mandase quitar las guardias. El marqués, inabordable, despidió bruscamente a los delegados y el arzobispo, ante tan resuelto desplante, pidió el auto de la Audiencia para proceder, según su derecho, por la fuerza. Tres veces se negó rotundamente el escribano a consignar el documento pedido, y el prelado lo excomulgó.

Se agravó la situación al querer el virrey que un presbítero y capellán del arzobispo fuera a palacio para hacer firmar algunas declaraciones sobre la controversia, a lo que Laserna se opuso. El virrey mandó entonces gente armada hasta el dormitorio del mismo arzobispo, que, amenazado, encargó al presbítero José de los Reyes se presentase al palacio virreinal. El clérigo, fiel a su obligación, declaró que sin licencia de su prelado no podía prestar juramento ante juez secular y mantuvo removible su actitud. El castigo de tan digno comportamiento fue remitirlo directamente, con grande escándalo de la gente, desde las casas reales a San Juan de Lúa, para de allí embarcarlo en la primera ocasión hacia España. Laserna convocó nuevamente el cabildo y, después de seria consulta y deliberaciones, declaró al virrey incurso en excomunión, a lo que respondió el marqués de Gelves amenazando al arzobispo con el destierro.

Ya el virrey había dado pruebas de su temperamento precipitado enviando a destierro, sin justificación, a Alonso de Carvajal, oficial mayor de la audiencia arzobispal, y a Diego de Benavente, notario de la misma. Pero esa tensión nerviosa tuvo desenlace más trágico, cuando el 8 de diciembre de 1623, celebrándose solemnemente en la catedral la fiesta de la Inmaculada Concepción, mandó el virrey al alguacil mayor, Luís de Tovar, presentarse con sus ministros en la catedral donde el arzobispo oficiaba las solemnes ceremonias y notificarle un auto jurídico con pena de temporalidades y extrañamiento del reino. La intimación fue absurda y antipáticamente estridente: Se interrumpió el sermón predicado por el carmelita descalzo fray Nicolás de San Jerónimo y el arzobispo, sereno en su dignidad, no quiso escuchar el auto, que declaró inválido y desautorizado por la forma, lugar y el tiempo en que se le comunicaba.

Las disputas continuaron acaloradas aquel mes. La intervención del delegado de Puebla empeora la situación. El 4 de enero de 1624 el arzobispo fulminó entredicho, y ocho días más tarde, viendo que por la vía ordinaria no se le hacía justicia y a sus enviados notarios se los castigaba, y que el recurso a España era prácticamente imposible, pues el arreglo más rápido por esta vía habría de prolongarse por más de ocho meses, se presentó personalmente a los estrados de la Audiencia para pedir justicia. Los oidores, al verlo entrar, sin oírlo, fueron a conferenciar con el virrey. Hora y media permaneció el prelado a la puerta, y como injustamente le intimaron que se retirase, él no quiere hacerlo, asegurando que seguiría removible aunque le hicieran pedazos.

Así las cosas, un alguacil, por orden del virrey, tomó por un brazo al arzobispo, le hizo bajar las escaleras y montar en un coche, e ignominiosamente escoltado por diez arcabuceros, al mando de Diego de Armenteros, lo sacaron de la ciudad. La protesta y griterío del pueblo atemorizaron a los oidores de la Audiencia, que e1 12 de enero emanaron un auto anulando el primero: “Vista la tropelía usada con el arzobispo y que la junta en que se decretó el destierro había sido extraordinaria y no haber asistido todos los oidores, ni tampoco el fiscal del rey, como está prevenido en las cédulas reales, a más de no haber sido conformes los votos, se hiciera saber a los que conducían al arzobispo lo volviesen a su casa”.

Para mayor complicación de las cosas en este episodio rocambolesco, el de Gelves, incontrolado y fuera de sí, mandó prender e incomunicar a oidores, relatores y empleados que habían tenido que ver con la retractación de la Audiencia; pasó después a la catedral, y desde el presbiterio encargó a canónigos y curas que, bajo pena de alejamiento del reino, no obedeciesen al prelado. Mientras tanto, dos canónigos, acaso por temor a reducciones económicas o destierro, prometieron obediencia, pero la mayoría del cabildo y clero, más decididos, respondieron enérgicamente que la actuación del virrey rebasaba sus atribuciones y que no le reconocían poder para impedir o suspender las determinaciones de su prelado.

Los oidores de la Audiencia -dato no poco significativo-, en desacuerdo con el marqués de Gelves, habían recomendado a Armenteros llevase al arzobispo lo más despacio posible, mientras el virrey les encargó marcha rápida, pues a todo trance, aun envuelto en un colchón o una estera, quería ver a Laserna fuera del arzobispado. Ya para entonces circulaban en la ciudad dos autos firmados por el arzobispo, uno en la villa de Guadalupe y el otro en el pueblo de San Juan Tectihuacan, que levantaron un grito de protesta y de indignación contra la autoridad civil. Los autos habían llegado a Méjico el 14 de enero, y el 15 al amanecer una tablilla fijada a la puerta de la catedral por el provisor Portillo declaraba al marqués de Gelves excomulgado. Portillo mandó, además, se cerrasen las puertas de los templos y que en todas las iglesias se diese el toque de entredicho. La orden fue obedecida por todos menos por los mercedarios.

El paso del arzobispo por la provincia exaltaba a los pueblos, dispuestos a libertarlo; la oposición enérgica del prelado los contuvo y disuadió de su propósito. En la capital, la excandecencia y nerviosismo esperaban una chispa que los convierta en conflagración. Al escribano Osorio, que pasaba por la plaza, el populacho, excitado probablemente por un clérigo, lo siguió con una lluvia de piedras y de improperios. La gritería llamaba a las turbas y en poco tiempo la plaza real reúne alrededor de 30.000 hombres. Se apoderaron de las piedras depositadas allí para la fábrica de la catedral y maltrataron hasta hacerse retirarse a la aparatosa guardia del virrey. Este, que empuñando espada y broquel quiso salir personalmente a disolver a los amotinados, con la perspectiva de muerte segura, desistió del temerario paso, pero manda tocar a rebato para que todos los nobles acudieran a defenderlo.

Entretanto, el pueblo, enfurecido, puso fuego a las puertas del palacio, pidiendo a gritos la vuelta del arzobispo, la libertad de los oidores y la cabeza del virrey. El oidor Cisneros, hincado delante del marqués, le suplicó hiciese volver al arzobispo y fue el miedo a las turbas el que le arrancó la concesión. El pueblo, difidente de las promesas del mandatario, exigió se ejecutase todo a nombre de la Audiencia. Entonces apareció a caballo en la plaza el marqués del Valle, nieto de Hernán Cortés, personaje popular entre el pueblo, el cual calmó a los amotinados prometiéndoles irse en busca del arzobispo, como efectivamente hizo.

Así podía haber finalizado el último acto de aquella tragedia si el virrey, con gesto incomprensible, no hubiese provocado nuevamente la indignación del pueblo: Mandó traer algunos quintales de pólvora y arcabuces, con que armó y municionó a la servidumbre de palacio. Los improvisados soldados, después que el marqués les había prometido reconciliación y arreglo, hicieron fuego sobre la muchedumbre, de la que muchos eran gente venida a las compras cotidianas del mercado que estaba allí. Ante actitud tan desconcertante, la masa se armó como pudo, entró a las casas arzobispales, desiertas entonces, y respondió con fuego a los que desde palacio les tiroteaban. A las súplicas de un oidor por que mandase cesar el tiroteo, el de Gelves, lejos de hacerlo, dio orden de soltar y armar los presos, prometiéndoles si lo ayudaban el perdón de sus delitos. Para más complicación rocambolesca, los nuevos reclutas se pusieron todos del lado de los soliviantados.

A las cuatro de la tarde circuló la voz de que 5.000 nativos de Santiago Tlaltelolco venían en socorro de los asaltantes. Los oidores, ya en libertad, unidos con algunos caballeros conspicuos de la ciudad, tomaron la responsabilidad del gobierno, mientras el virrey, disfrazado, salió por detrás del palacio para refugiarse en el convento de San Francisco. La turba asaltaba ya el palacio y saqueaba y quemaba todo lo personal del virrey, respetando lo que parecía referirse a la autoridad real y las cajas reales. Mientras tanto, a carrera tendida, entre vítores y escoltado por el marqués del Valle y otros caballeros, regresaba el arzobispo. Desde las inmediaciones de la ciudad era tal la aglomeración de pueblo que lo ovacionaba, que el prelado no pudo llegar a la capital hasta la medianoche. Miles de antorchas que ardían en las ventanas y las que llevaba en sus manos la masa de acompañantes iluminaban festivamente la ciudad y todas las iglesias repicaron mientras el arzobispo, en carroza abierta, entraba triunfalmente en su ciudad y en su palacio.

El epílogo de esta historia es que al Arzobispo Laserna, vuelto a España, lo designan en 1627 obispo de Zamora, y al de Gelves, aunque restituido por el momento al mando con todo esplendor, pero sin poder ejecutivo -había que salvaguardar a todo trance el poder, real-, se embarcó para Europa llamado aquel mismo año 1624, antes del tiempo normal de gobierno, y se procedió contra él. Ya su nombre no aparecerá para nada en el régimen de Ultramar.

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