La «cultura de la muerte» va cerrando la pinza, cercenar la vida en su origen y su final. Pronto decidirán quien es digno de vivir, es cuestión de estrechar el cerco.

Hace unos meses saltaba el escándalo en Suiza, al conocerse el hallazgo de cientos de urnas con cenizas humanas en un lago de Zurich cercano a la clínica Dignitas, especializada en practicar suicidios asistidos. Como es normal, el lobby de la muerte sepultó la noticia. Es de esas que no gusta que se sepa, de mal gusto dicen.

Gracias a una situación de alegalidad del país helvético, ni las autoridades persiguen, ni la ley castiga a quienes proporcionen a los enfermos sustancias que pongan fin a sus días.

No sé si es ideológico o que le va mal el ‘negocio’ a Ludwig Minelli, director de la clínica Dignitas y busca «expandirse», proponiendo que se apliquen a otro tipo de enfermos como los pacientes de Alzheimer. Ellos ya no pueden decidir, así que:

Los parientes también deben de tener la posibilidad de adquirir drogas para el suicidio aunque no se encuentren terminalmente enfermos,

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Ayer la BBC retransmitió el documental «Between Life and Death». Richard Rubb había manifestado a su familia que lo último que querría es que si le ocurría algo le mantuviesen con vida unido a una máquina.

Hace un año tuvo un accidente en moto del que quedó en coma y paralítico. Ha vivido ese trance en el que es posible la actividad cerebral, pero no la comunicación con el exterior. Preguntaron a la familia, y su padre trasladó la voluntad de Richard.

En el momento de la desconexión los médicos se percataron de que había algo de movimiento. Por tres veces le preguntaron si deseaba seguir con vida, que lo confirmase con un parpadeo. Y parpadeó tres veces «sí».

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No salgo de mi asombro. Hoy comienzan los trabajos de la Subcomisión Parlamentaria para la «reforma de la Ley del Aborto». A puerta cerrada. Comparecerán Justa Montero —abortista acérrima de la Asamblea Feminista de Madrid—, María Luisa Soleto Ávila —abortista directora de la Fundación Mujeres— y Benigno Blanco —provida, presidente del Foro Español de la Familia—. El resto de los días será igual de ecuánime.

El viernes, y no conozco el motivo de por qué no antes, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), plataforma que reúne a las asociaciones de discapacitados de distinto tipo, ha emitido una nota en la que solicita su comparecencia el la Subcomisión de la Muerte.

No me extraña que les entre el miedo, el siguiente paso son ellos. El criterio progresista de dignidad humana es la autonomía.

Pero la argumentación, es pobre, kafkiana e incoherente; únicamente buscan que si se les asesina, sea igual que a todos.

El inicio de la nota es esperanzador:

A la luz de la Convención, no sería admisible una legislación en materia de interrupción del embarazo, como la actualmente vigente en España, que despenaliza el aborto en el supuesto de discapacidad del feto («graves taras físicas o psíquicas»), por constituir un trato desigual por motivos de discapacidad.

Los principios de la Convención de la ONU son contrarios a la aceptación del llamado aborto eugenésico, practicado para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad, por considerarlo un supuesto discriminatorio que parte de la presunción de que la vida de una persona con discapacidad es inferior en valor al de una persona sin discapacidad, y por tanto se consiente un trato menos favorable.

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El exprimer ministro Guy Verhofstadt presenta en el parlamento belga una ampliación de la Ley de Eutanasia de 2002, que «extiende» su ámbito a quienes no pueden pedirla por ser menores o tener una incapacidad mental.

La semana pasada repasábamos el triunfo de los mengelillos británicos, hoy le toca el turno a los herederos de Ernst Rüdin, Bernard Shaw o Salvador Allende, todos socialistas —da igual nacionalsocialismo, que fabianismo o que marxismo—, todos partidarios de la raza pura, todos progres y demócratas. La semana pasada le tocaba turno mancillar la dignidad humana en su origen, hoy a la eliminación de las Lebensunwerten Leben (vidas indignas de ser vividas).

En abril de 2002, Holanda promulgaba la primera ley de Eutanasia, en la que se despenalizaba el suicidio asistido no sólo para los enfermos adultos que la pidieran de forma «explícita, razonada y repetida» y para los jóvenes de 16 a 18 años que formularan esta petición escrita, sino para los adolescentes capaces de consentimiento, de 12 a 16 años, con la condición de que los propios padres o quien tuviera la tutela jurídica añadieran su consentimiento a la petición personal de los sujetos afectados por enfermedad incurable o por dolor. En mayo del mismo año, Bélgica imitaba a los holandeses, en principio con una ley más restrictiva, en la práctica más laxa pues permitía poner fin a la vida de pacientes en situaciones excepcionales de sufrimiento físico o psíquico constante e insoportable (similar al grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada de España para el aborto, que ya sabemos en lo que ha degenerado).

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La hipocresía (o incoherencia) de los medios progres españoles es tremenda. Todos prestan atención a la resolución recién aprobada de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que expresa su inquietud, porque la sociedad subestime el número de suicidios de adolescentes, de entre 11 y 24 años, que afecta anualmente a decenas de miles de jóvenes.

En principio la noticia no da mucho de sí, se limitan a transcribir párrafos de nota de agencia con algo de cosecha propia: que si está entre las cinco causas más numerosas de muertes, que no se sabe qué es lo que pasa en los países ricos, que si se debe dar la noticia o no, que si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid se anima a luchar contra la homofobia (no sé como lo han colado, pero es cierto lo dicen).

La prensa es bastante unísona: el suicidio es malo y el suicida necesita tratamiento, ya que en la mayoría de los casos (suelen cifrarlo entorno al 90%) se debe a trastornos psíquicos —me pregunto a qué se deberá el porcentaje restante—. Y sin embargo, hace una semana, el catecismo progre (a.k.a. El País) nos intentaba convencer de que esta era la legislatura de la eutanasia, así que intenté —sin ningún éxito— averiguar cómo conseguían hilar un discurso en el que cupiesen el desprecio al suicidio y el aprecio a la eutanasia.

Machaconamente se nos predica que la eutanasia es el derecho a una «muerte digna», cuando, visto lo visto, no es más que la desaprobación de la «vida indigna».

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