Desde que al obispo de Alcalá de Henares, Mons. Juan Antonio Reig Pla, osó decir que la violencia doméstica es menor dentro del matrimonio cristiano que en las uniones sentimentales no matrimoniales, la marea de críticas procedentes de la izquierda política, social y mediática-religiosa de este país ha inundado el panorama previo a la multitudinaria Misa de las Familias que se celebrará el próximo domingo en Madrid.

Como quiera que el obispo no fue a la rueda de prensa con una carpeta de datos estadísticos bajo el brazo, lo primero que le exigieron es que demostrara que lo que decía era cierto. El Instituto de Política Familiar se encargó de darle la razón al prelado alcalaíno, usando ni más ni menos que las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Pero ya sabemos que para la progresía de este país la verdad es un elemento ajeno a su naturaleza. Si les sirve para sus propósitos, la acepta. Si les pone en evidencia, la rechazan, la manipulan o la ignoran.

El caso es que no hace falta ser obispo para intuir que una relación sentimental que se consagra con la intención de permanecer para siempre tiene muchas más posibilidades de ser estable que aquella que no quiere pasar por reconocimiento de ningún tipo. Los datos objetivos señalan que hay muchísimas más violencia en las parejas no casadas que en las que han pasado por la vicaría y/o por el juzgado. Y aunque no hay estadísticas oficiales separadas de matrimonios civiles y religiosos, no hace falta ser un lince para intuir que habrá menos problemas entre quienes se casan profesando una fe que equipara el matrimonio a la relación entre Cristo y su Iglesia que entre aquellos que no introducen en su unión dicha fe.

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La crisis económica-financiera-político-institucional que está sufriendo España lleva cierto tiempo ofreciéndonos unas imágenes que creíamos imposible de ver en este país. Por ejemplo, hace tres días La Vanguardia publicó una información que señalaba la existencia de turnos para recoger comida de los cubos de basura. Lo que hasta hace no mucho era una “actividad” propia de los mendigos y sin techo, que en muchos casos han llegado a esa realidad vital por sufrir problemas mentales, empieza ser la manera en que gente “normal” logra parte del pan nuestro de cada día.

Cáritas se ha cansado de repetir que la miseria está alcanzando cotas insoportables. Y el panorama que tenemos por delante no deja lugar para el optimismo. Cada vez son más los parados que se quedan sin la prestación por desempleo, de manera que se encuentran literalmente sin dinero con el cual poder comprar alimentos, por no hablar de pagar facturas de luz, agua, etc.

A todo ello se une el hecho de que el Estado español tiene un serio problema para colocar la deuda en los mercados. Los que tienen el dinero necesario para prestarnos dinero no se fían -¡cómo fiarse teniendo a Zapatero de presidente!- y piden a cambio un interés elevado, que no hace otra cosa que empeorar la situación, pues la deuda, conviene saberlo, hay que devolverla. La gestión económica de los recursos públicos en España es catastrófica. Mientras que una familia sensata intenta no gastar más de lo que cobra, nuestros políticos han jugado durante años y años a gastar lo que no tenemos en partidas innecesarias, de manera que ahora no podemos gastar el dinero en aquello que realmente hace falta. Y no creo que haga falta decir que cuando hay gente que empieza a pasar hambre, todos los esfuerzos de la nación han de encaminarse a solucionar ese drama.

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Como cabía esperar, el Tribunal Constitucional ha negado el derecho al homeschooling en España. Un modelo educativo -el cual, dicho sea de paso, yo no desearía para mis hijos- que ha demostrado su éxito en otros países, es prohibido aquí porque los nenes tienen que entrar sí o sí en el sistema.

Un sistema que ha demostrado su absoluta incapacidad para dar una educación medianamente buena a los niños y jóvenes españoles, como acaba de volverse a comprobar con el último informe Pisa. Un sistema en el que existe un asignatura con un componente doctrinario propio de sistemas totalitarios, que, por obra y gracia del Supremo, hace que el famoso derecho constitucional de los padres a elegir la educación religiosa y moral que quieren para sus hijos (art 27.3), sea pisoteado, ignorado y abandonado en la cuneta. Un sistema en el que la justicia están en manos de un poder político que la tiene controlada en sus más altas instancias.

Luego dirán que esto es una democracia y que tal que cual. Me río yo de la calidad democrática en este país. Me río yo de la existencia de una Constitución que es interpretada según la ideología del gobierno de turno, que no necesita dictar nada, porque ya se ha asegurado de poner a sus peones en el TC para que se cumpla su voluntad. Me río yo, aunque maldita la gracia que tiene, de los ingenuos que todavía piensan que esto tiene solución desde dentro. También me río de los que piensan que la tiene desde fuera. Pienso que sólo cabe esperar a que se produzca el colapso social, económico e institucional al que estamos abocados. Y ruego para que dicho colapso no nos lleve a repetir lo ocurrido en tiempos pasados de infausto recuerdo.

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Primero fue la presencia de agentes de la Guardia Civil para impedir a un grupo de fieles asistir a Misa en la Basílica del Valle de los Caídos. Luego supimos que grupos antisistema de extrema izquierda quieren acabar con la capilla de la Facultad de Económicas en la Universidad autónoma de Barcelona. Y ahora han sido esos mismos grupos los que hoy deben de estar jubilosos ante el éxito que han obtenido. Han logrado que todo un cardenal de la Iglesia Católica no pueda dar una conferencia en la Universidad autónoma de Madrid.

Conviene tener en cuenta que esos grupúsculos ya han actuado en otras ocasiones intentando reventar conferencias de políticos o historiadores contrarios a su sectarismo totalitario. Es decir, esa gentuza no es sólo anticlerical sino anti-todo lo que no sean ellos mismos.

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Se ve que empieza a ponerse de moda eso de impedir la celebración de misas en España. Primero fue el gobierno quien el 6 de noviembre envió a la Guardia Civil al Valle de los Caídos para cerrar el paso a los fieles católicos que querían asistir a misa. Ahora parece que grupos de extrema izquierda, garrapatas sociales que se enquistan especialmente en las universidades, quieren hacer lo mismo en la Facultad de Económicas de la Universidad de Barcelona.

Pues bien, aunque Zapatero está en ello, en España la ley todavía es igual para todos. Y el código de derecho penal contiene un artículo que convienen que tenga muy en cuenta tanto el gobierno, como la Guardia Civil, como la chusma anticlerical:

Artículo 523.
El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar.

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