Violencia educativa institucionalizada

Violencia educativa institucionalizada

La descentralización y la autonomía escolar se hacen imposibles cuando el Estado pretende convertirse en agente promotor de proyectos ideológicos, imponiendo, desde una indecente intromisión política, una transmisión única de saberes ciudadanos en un sistema de ideario único estatal.

La izquierda política siempre mantuvo como condición mínima para cualquier pacto educativo la supresión del derecho a existir de Centros Privados con ideario o carácter propio. Así lo manifestaría Otero Novas, ministro de Educación en el ejecutivo de Adolfo Suárez, para quien la izquierda no sólo se oponía a que los centros privados con ideario propio recibieran subvenciones del Estado, siendo la financiación uno de los grandes motivos de disensión, sino incluso a que pudieran existir.

Otra condición mínima para el pacto educativo era la libertad de cátedra como derecho absoluto que no tendría que ceder en nada ante el ideario del Centro en el que el profesor impartiera sus enseñanzas, derecho que, a juicio de la izquierda, podía ser suplantado por la necesidad de imponer la ideología del centro si se permitían centros con ideario educativo propio, exigiendo incluso que en los centros financiados con fondos públicos el protagonista sea la comunidad escolar, beneficiaria del servicio.

Este último extremo ahora se ve cancelado por la arbitraria intolerancia para los demás de quienes propugnan derechos para sí mismos. La siniestra figura del «comisario político», rescatada por la ministra Celáa para los consejos escolares de colegios e institutos, arguyendo desequilibrio a favor del titular del centro, no sólo convierte al Gobierno en autor de un gran cinismo hipócrita sino en instigador de una conspiración encaminada a un Estado democrático que actúa como una empresa monopolística, promotora de una educación y enseñanza policial, capaz de someter a los ciudadanos paradójicamente con sus propios recursos.

Asistimos así a una auténtica violencia educativa institucionalizada desde la vigilancia y el control de un ideario único estatal, obstaculizadora de un óptimo desenvolvimiento del problema educativo, en abierta confrontación con los centros concertados en su esfuerzo por gestionarlos y con la Iglesia católica al negar la libertad religiosa, el derecho fundamental a recibir la enseñanza religiosa en bachillerato que hasta ahora se garantizaba. Esta deconstrucción ideológica produce consecuencias indeseables en la comunidad educativa y causa un grave daño a la misma sociedad, enfrentando la enseñanza estatal con la no estatal.

La descentralización y la autonomía escolar se hacen imposibles cuando el Estado pretende convertirse en agente promotor de proyectos ideológicos, imponiendo, desde una indecente intromisión política, una transmisión única de saberes ciudadanos en un sistema de ideario único estatal. Sea cual sea la entidad que gestione los colegios, corresponderá a la libertad de los padres, estudiantes y docentes adoptar sus propias opciones. Es preocupante para la salubridad democrática y moral imponer la existencia de una única autoridad educativa utilizando el poder político, desautorizando la religión, poniendo en marcha un código de conducta único, una ética de gobierno, prescribiendo la ejecución meticulosa de los deberes y despersonalizando al individuo mediante la manipulación de la maquinaria ideológica.

La figura del «comisario político» en las escuelas y colegios no favorece el bien común, excluyendo a quienes, como los reclusos de la bahía de Guantánamo, se salen de sus códigos éticos. Sin un acuerdo previo sobre lo valioso, sólo hay totalitarismo, puro poder de control por medio de la manipulación, libertad cancelada por la coacción del poder político. La regulación gubernamental quiere levantar nuestras vidas desde sus propios escombros, sin más fines que los impuestos por una disciplina propia, en consonancia con la hegemonía estatal. Al más puro estilo rousseauniano, entrenados en la docilidad del yugo de la felicidad pública terrena, el gobierno socialista reclama una adhesión sin fisuras, haciendo de la democracia una religión de la política, sacralizando la política, propugnando lo que el filósofo estadounidense Michael Hardt denomina «el vaciamiento de la sociedad civil», la calculada estrategia de no distinguir entre la sociedad civil y el Estado, la voluntaria omisión de ocultar que el Estado no puede gestionar el sistema escolar universitario, ni el Gobierno promover los bienes del Estado tal y como ellos los entienden, como bienes públicos que sirven a sus propósitos, utilizando cuando sea necesario la coacción con el fin de que sea el partido, el Gobierno o el propio Estado quien impulse un grotesco dirigismo educativo

Roberto Esteban Duque

3 comentarios

Eiztarigorri
A esto cabría añadir que la libertad de cátedra que intentó utilizarse en la transición como caballo de Troya contra los centro privados hace tiempo que ha sido socavada por el propio Estado cuando éste ha pasado de proponer a imponer un determinado modelo pedagógico, a saber el constructivismo pedagógico. Según esta teoría la lección magistral como instrumento de transmisión del esfuerzo y el conocimiento del profesor es una imposición autoritaria. El profesor no sólo no puede dar su parecer sobre la materia de su especialidad, sobre la que supone que sabe algo, sino tampoco puede exponer el estado de los conocimientos al respecto de un tema. La labor del profesor es la de ser un "mediador" que proporciona las fuentes al alumnos para que el alumno cree su propio conocimiento. Claro que la libertad de cátedra está protegida por el art 20 de la Constitución y comprende según sentencia del TC de 23/02/1985 la metodología que cada docente puede escoger con libertad. En consecuencia el estado puede proponer pero imponer una metodología, por muy buena que crea que sea. En consecuencia en virtud del principio de jerarquía normativa tanto la LOGSE como la LOMCE son ilegales porque la ley orgánica debe ajustarse a la Constitución y no al revés.
20/11/18 11:42 AM
Tito España
Magnífico informe.
Lo que parece extraño son las declaraciones de Mons. Blázquez y las de Mons. Reig Plá de ayer mismo: ¿son contradictorias? ¿Cuál de ellas refleja la verdad?
20/11/18 1:21 PM
Juan Caballero
Hay que reconocer de una vez, gracias a la izquierda, no solo en España sino en el resto de Occidente, la democracia ya no existe. Ha ido cayendo en tiranía, como preveía San Juan Pablo II en su Centessimus Annus. El Estado quiere controlar todo, y lo que se tendría que hacer es darle a cada familia un cheque escolar y que envíe a sus hijos al colegio que prefiere. Lo normal es que los padres van a querer la mejor educación para sus hijos. En Estados Unidos, Trump ha nombrado una Ministra de Educación que se está enfrentando con la izquierda y de manera especial con los sindicatos de los profesores para dar a los padres el derecho de escoger el colegio que desean para sus hijos. Lo curioso es que los que más apoyan este medida son los negros y los hispanos que sufren un pésimo nivel de educación y hasta ahora han votado por la izquierda (Demócratas). Si Trump con su Ministra De Vos ganan este batalla, van a hundir a la izquierda porque se les irá gran parte de su base una vez que los padres de niños pobres pueden enviar a sus hijos a colegios de calidad.
21/11/18 3:01 PM

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