Todavía hay jueces en España
Fachada del Colegio Juan Pablo II, Educatio Servanda

Todavía hay jueces en España

El problema de estas leyes es que pretenden imponernos obligatoriamente el pensamiento único de la ideología de género, pisoteando un montón de los Derechos Humanos reconocidos en la Declaración de la ONU de 1948 y la Constitución.

En el primer libro de Reyes, en el capítulo 21 se nos cuenta la historia de Ajab, rey de Israel, quien pidió a Nebot, su vecino, que le vendiese su finca. Ante su negativa, Ajab, instigado por su mujer Jezabel, mató a Nebot y se quedó con su finca.

Siglos más tarde, la historia se repite, pero con otro final. El rey Federico II de Prusia, para construir su palacio en Postdam, quiso comprar la finca vecina donde había un molino. Ante la amenaza del rey de expropiarle, el molinero recurrió a la Justicia que le dio la razón e hizo exclamar al rey: «todavía hay jueces en Berlín». El molino, auténtico monumento a la Justicia, sigue existiendo hoy.

El 14 de julio del 2016, la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó por unanimidad, salvo dos ausencias del PP la «Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid». La Ley se publicó el 21 de julio de ese año, en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Hoy, leyes en el mismo sentido han sido aprobadas por la mayor parte de las Comunidades Autónomas y por el Parlamento Nacional las Leyes Orgánicas 2/2010 y 11/2015 de Salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.

El problema de estas leyes es que pretenden imponernos obligatoriamente el pensamiento único de la ideología de género, pisoteando un montón de los Derechos Humanos reconocidos en la Declaración de la ONU de 1948 y la Constitución. Ello llevó al Director del Colegio Católico Juan Pablo II de Alcorcón a mandar una Carta a los padres de los alumnos diciéndoles que la tal Ley es incompatible con el Catolicismo, (como así es), y por tanto no pensaba obedecerla. El resultado fue una sanción de mil euros, pero lo que estaba en juego era, mucho más que la cuestión económica, la cuestión de los principios y derechos. En concreto esta Ley inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu, se halla en contradicción con la moral natural y con la recta razón, pretendiendo anular la enseñanza pública de la Iglesia (cf. Carta a los Romanos 1, 24-27; Primera carta a los Corintios 6, 9-10; Primera carta a Timoteo 1, 10, etc., el Catecismo de la Iglesia Católica nn. 2357-2359) y el resto del Magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el varón y la mujer.

Por ello creo que para los católicos y las personas con sentido común que no aceptamos que el sexo lo decide el interesado según le venga en gana, ha sido una gran noticia, por cierto silenciada en casi todos los medios de comunicación, el saber que la Justicia da la razón al colegio Juan Pablo II y condena a la Comunidad de Madrid por su ley LGTBI a devolver el dinero cobrado con sus intereses y a pagar las costas del juicio.

La sentencia defiende «el derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones no sólo mediante la palabra o el escrito, sino también mediante cualquier otro medio de reproducción» es decir defiende el derecho a la libertad de expresión, salvo ultraje o vejación, y condena a la Comunidad a pagar las costas. «lo que hace innecesario el examen de otras cuestiones así como el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad expuesta en el último fundamento de la demanda». Pero al menos en un punto la Ley, en cuanto viola el derecho fundamental a la libertad de expresión, es anticonstitucional.

Es el primer gran mazazo que recibe la LGTBI de la Comunidad de Madrid y sospecho que en toda España. Además la sentencia es firme y no admite recurso.

Creo que esta sentencia animará a muchos, como pueden ser los psiquiatras, a no dejarse atropellar en el libre ejercicio de su profesión y a defender sus legítimos derechos. Como dice el Papa Francisco en la «Amoris Laetitia nº 56: «No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos creaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada».

Esperemos que en nuestro país y en otros muchos, esta sentencia sea el comienzo del fin de la diabólica y anticientífica ideología de género, una ideología que hace que la única especie en la que matar a las crías antes de su nacimiento sea no ya legal, sino un derecho, sea la especie humana. Esta sentencia me parece un gran paso en la recuperación de algo tan necesario como el sentido común. Por eso he titulado el artículo: «Todavía quedan jueces en España».

Pedro Trevijano

 

5 comentarios

pedro de madrid
Socialistas, comunistas y antiespañoles presentan un proyecto de ley para despenalizar las ofensas al Rey, sentimientos religiosos y alabar al terrorismo, pero será intocable las leyes de género gays, aborto, etc. esto es una total inmoralidad y demuestra que quien nos gobierna, divide a los españoles, lo que no es bueno.
24/10/18 12:54 PM
Forestier
Esta ley de "Protección contra la LGTBI, etc, etc" como dices "se halla en contradicción con la moral natural y con la recta razón, pretendiendo anular la enseñanza pública de la Iglesia". Pero aún peor: es una ley acientífica, ya que va contra principios básicos de la antropología y la biología. Sería surrealista y de traca, que en la enseñanza se difundieran "principios anticientíficos".
25/10/18 1:36 AM
Federico
Excelente noticia, silenciada por los medios del Régimen. La sentencia firme da la razón a la Iglesia y se la quita al lobby LGTBI. En el artículo creo que está fuera de lugar la referencia a la exhortación Amoris Laetitia, que puede confundir al lector inteligente.
27/10/18 8:01 PM
ms
No me canso de agradecer en los escasos medios donde se publica, por supuesto católicos y ninguno generalista, el gran y valiente servicio que el colegio católico Juan Pablo II ha realizado demostrando, al ganar el pleito con la Comunidad de Madrid que esta ley LGTBI que se pretende implantar es autoritaria y sectaria como claramente puede apreciar cualquier persona normal, con fe o sin ella, que se tome un rato a leerla. Atropella los derechos de las familias, la patria potestad y un sin fin más y se extralimita en la función de educación del Estado, entrometiéndose en ámbitos que no le son propios. De toda ella la que más me preocupa es la OBLIGATORIEDAD de dar formación LGTBI (elaborada por ellos mismos) a los niños desde muy pequeños y de forma transversal cargándose el derecho de los padres a decidir la moral de sus hijos, principio constitucional. Ni si quiera se contempla la objeción de conciencia ¿Y por qué siendo una ley que se puede llevar a los tribunales porque pisotea derechos de forma evidente no se lleva? ¿por qué callamos? Esta cuestión no es necesariamente una cuestión moral católicos vs. progresistas. Hay personas no creyentes que no desean que adoctrinen a sus hijos en estas cuestiones y hay creyentes que acomplejados no distinguen entre el no negociable respeto a los LGTBI como personas con proteger a sus hijos de la propaganda ideológica de los lobbys. Señores son cosas distintas. Al PP madrileño le digo que, o respeta a los padres su derecho a la patri
29/10/18 11:14 AM
Thomas Hennigan
Pues sí, pero hay una mezcla de ellos. Recientemente, el Tribunal Constitucional aprobó una ley del gobierno vasco que permite la expropiación de viviendas vacías de los ciudadanos. Diez más autonomías tiene leyes similares. Con eso se suman otras leyes confiscatorias que tienen el resultado de el fisco de comunidades autónomas pueden quedarse con una vivienda que unos padres han dejado a sus hijos e incluso cobrarle más. . El derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental aunque tiene límites como por ejemplo la expropiación de terrenos para construir carreteras, pero se tiene que pagar un precio razonable. Una persona que ha pagado sus impuestos, que suman la mitad de lo que gana y luego ahorrado para comprar una segunda vivienda que piensa dejar a sus hijos y no quiere alquilarla por miedo a okupas u otras circunstancias, encuentra que se le confisca sin pagarle nada, es una barbaridad. Luego, es posible que la entreguen a unos inmigrantes ilegales que no pagan un centavo al fisco.
30/10/18 12:13 PM

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