(Bruno Moreno/InfoCatólica) Hace menos de dos años, los californianos aprobaron en referéndum la llamada Proposición 8, que introdujo en la Declaración de Derechos del Estado de California la afirmación de que el único matrimonio válido en California era el formado por un hombre y una mujer.
A pesar de que California es considerada como uno de los Estados más liberales de Norteamérica, la propuesta fue aprobada por el cincuenta y dos por ciento de los votos, quedando prohibido así en California, al más alto nivel dentro del Estado, el llamado “matrimonio homosexual”. No se veía afectado, en cambio, el reconocimiento de las parejas de hecho (domestic partnership) ni el reconocimiento de matrimonios homosexuales celebrados antes de la aprobación de la Proposición.
Ayer, sin embargo, Vaughn Walker, juez federal de distrito, decidió que esta prohibición es inconstitucional, pues constituye una discriminación irracional de gays y lesbianas, a los que se les priva del derecho al matrimonio. Con esta sentencia, dictada en el caso Perry contra Schwarzenegger, el juez Walker echó por tierra la decisión de más de siete millones de californianos que apoyaron con su voto la Proposición 8 y la defensa del matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer.
Tanto el Presidente Barack Obama como el Gobernador del Estado de California, Arnold Schwarzenegger, han mostrado ya su satisfacción por la sentencia, reafirmando su apoyo al matrimonio homosexual. Schwarzenegger ha afirmado incluso que se trata de un episodio importante de la “batalla por la libertad” de todos los norteamericanos.
La táctica estadounidense: los jueces, un poder legislativo paralelo
Esta táctica se ha convertido ya en tradicional en los Estados Unidos, donde diversas medidas laicistas o contrarias a la familia tradicional, tras fracasar en las urnas, son introducidas forzosamente por vía judicial. Los jueces, especialmente en el Tribunal Supremo, aprovechan su posición para derogar algunas leyes o dar una interpretación completamente nueva a otras, en lo que casi podría considerarse ya un “poder legislativo paralelo” que, para muchos analistas, excede ampliamente las atribuciones de los jueces.
De este modo, por ejemplo, se introdujo el aborto en los Estados Unidos, con la famosa sentencia del caso Roe contra Wade, que convirtió al aborto en un “derecho”. Otras decisiones judiciales de este tipo han sido Stone contra Graham (el Tribunal Supremo anuló la ley que ordenaba que se colocasen placas con los diez mandamientos en los colegios), Engel contra Vitale (el Tribunal Supremo prohibió las oraciones en las escuelas públicas), Lawrence contra Texas (el Tribunal Supremo anuló las leyes contra la sodomía en Texas) o Griswold contra Connecticut (anuló las leyes contra la anticoncepción en Connecticut). En todos estos casos, algunos jueces norteamericanos decidieron que leyes que se habían aplicado durante décadas habían dejado de ser válidas, al margen de la opinión de los ciudadanos, debido a nuevas interpretaciones de la separación Iglesia-Estado o de los “derechos” a la privacidad, a la opción sexual, etc.
Podría convertirse en un nuevo caso Roe v. Wade, esta vez en relación con el matrimonio homosexual
Varias asociaciones han anunciado ya su intención de recurrir la sentencia contra la Proposición 8, de modo que, previsiblemente, este asunto llegará hasta el Tribunal Supremo. De ser así, podría convertirse en un nuevo Roe contra Wade, es decir, un caso emblemático en el que la decisión final sobre un asunto de enorme envergadura se sustrae a los votantes y queda en manos de un puñado de jueces, que marcarán la línea a seguir durante décadas en los Estados Unidos.
Como también sucedió con el aborto, una decisión que “prohibiera prohibir” el matrimonio homosexual obligaría a anular las leyes de 44 estados norteamericanos que sólo consideran matrimonio el formado por un hombre y una mujer y podría marcar tendencia en el resto del mundo, abriendo la puerta a la imposición del matrimonio gay por las élites gubernamentales o judiciales de los diversos países.
