(ElPaís/InfoCatólica) La masonería liberal propone plantear a las organizaciones sociales, civiles y progresistas una campaña destinada a suprimir la casilla de la declaración del IRPF destinada a la asignación voluntaria de los contribuyentes a la Iglesia católica, así como que la Ley de Libertad Religiosa cambie su denominación por la de Ley de Libertad de Conciencia, que incluya a la libertad religiosa.
En la reunión, promovida por el foro de diálogo Ágora, cuya presidenta Carmen Serrano moderó el encuentro, intervinieron también Ana María Lorente, Gran Maestra de la Gran Logia Femenina de España; Paloma Martínez Sierra, Presidenta de la Federación Española del Derecho Humano; Jordi Farrerons, Gran Maestre de la Gran Logia Simbólica de España, así como Aimé Bataglia, del Gran Oriente de Francia.
Las participantes han afirmado que el principio de aconfesionalidad del Estado que recoge el artículo 16 de la Constitución española, de diciembre de 1978, “quedó sin efecto en la práctica tras la suscripción de un Convenio Iglesia-Estado emitido apenas seis días después de la entrada en vigor de la Constitución española, en enero de 1979”.
Democracia y laicidad
Ana María Lorente, destacó que las “inercias mentales aún vigentes imprimieron un troquel patriarcal a las sociedades ya desde hace 4.000 años, así como una concepción solar y masculina de la divinidad”. Lorente añadió que, “por el hecho de ser mujer, la mitad de la sociedad ha vivido bajo un sistema de creencias que le ha impedido desarrollarse libremente”.
Por ello, abogó por la laicidad “como garantía de una sociedad sin discriminaciones, donde poder ser educada en la tolerancia y en el pensamiento crítico, capaz de poner en cuestión todo tipo de dogma” y propuso una “complicidad fraternal de los dos polos de la Humanidad, hombres y mujeres”.
Según Jordi Farrerons, “la laicidad es un espacio de convivencia respetuoso con todo tipo de creencias e ideologías”, y criticó que se identifique la laicidad, que considera como factor de integración social, con el anticlericalismo. En España, aseguró, “pervive una confesionalidad sociológica del Estado aún después de transcurridas tres décadas de vida democrática”, a cuyo amparo la Masonería fue legalizada, el 28 de enero de 1980 y se ha desarrollado.
Espiritualidad y creencias, laicidad y laicismo
Por su parte, Paloma Martínez Sierra subrayó que España sigue siendo en la práctica un Estado confesional, y reivindicó una espiritualidad no confesional, amparada en la laicidad. Martínez Sierra propuso convocar a las organizaciones progresistas a participar en una campaña para eliminar de la declaración de la renta el apartado destinado a la financiación de la Iglesia católica. También se mostró partidaria de denominar ley de Libertad de Conciencia al proyecto de legislar sobre libertad religiosa, por estimar que su ámbito sería más amplio y que la incluiría.
Aimé Bataglia, del Gran Oriente de Francia defendió que las creencias son expresiones de los anhelos y deseos del espíritu humano en la esfera de la conciencia y propugnó “luchar contra la pereza mental que crea inercias capaces de adormecer la inteligencia y la vitalidad del espíritu crítico”, al que atribuyó el progreso humano.
Bataglia hizo una descripción del laicismo, que considera complementario de la tolerancia, y añadió que “no cabe confundir el espacio público, en el que se mueven los Estados, y el privado, donde tienen lugar las distintas creencias”, confusión en la que, a su juicio, “se encuentran los fundamentalismos religiosos y estatales”.
