(Agencias/InfoCatólica) El Gobierno de España aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes 15 de febrero la orden para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y dará un último plazo de 15 días a la familia para que fije un lugar para su traslado definitivo que no sea la cripta de la catedral de la Almudena. Así lo aseguraron a Efe fuentes gubernamentales. Para evitar que los familiares lleven a Franco al enterramiento privado que tienen en la cripta alegan, mediante un informe de Delegación del Gobierno de Madrid una «imposibilidad legal» debido a que existen «evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad tanto en la propia catedral como en el entorno de la misma, implicando una amenaza seria y significativa para los derechos y libertades de los ciudadanos».
No a la Almudena
Una «amenaza que el Gobierno no puede asumir al igual que la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Franco en un lugar accesible y abierto al público y de las características de la catedral de la Almudena». Además, destacan que la exhumación de los restos «no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia, sino de un mandato legal». Aunque, matiza que la autorización de la familia «hubiera facilitado el procedimiento». Y consideran que «no existe un derecho de la familia reconocido ni nacional ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún cuando estamos hablando de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno».
La Iglesia no puede oponerse
Respecto a la autorización de la Iglesia para acceder a la basílica, recuerda que «no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal». Así, dicen que en última instancia, la solicitud y consecución de la autorización eclesiástica en tales términos será efectuada en fase de ejecución por el Consejo de Ministros.
Según Jorge Subirán, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad CEU San Pablo a El Confidencial “no hay duda de que la decisión sería contraria al 'Acuerdo de asuntos jurídicos' firmado entre el Estado español y la Santa Sede”, a pesar de lo que dice el Gobierno socialista.
Recurso y cortina de humo
La familia Franco esperaba la decisión del Gobierno, pero el viernes pasado. Fuentes de la familia aseguraron que «recurrirán todo» ante el Tribunal Supremo y apuntan que el anuncio de ayer es «una cortina de humo total» para tapar otras cosas. La familia recuerda que «hasta que el Supremo no decida no se podrá hacer nada» y atribuyen los argumentos a la «prepotencia» del Gobierno que «les hace creer que pueden hacer lo que quieran», pero será la justicia «la que les dirá dónde está su sitio». «Se creen que con un decreto ley está todo solucionado, pero no es así, gracias a Dios».
El abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina indicó que una vez recurran la decisión que se tome el viernes en el Consejo de Ministros solicitarán medidas cautelares y la suspensión de ese acuerdo «con el objeto de que se paralice y la justicia, de alguna manera, ampare los derechos fundamentales que estamos intentando preservar». Si se aceptaran esas medidas cautelares, el Tribunal tardaría meses en fallar. La media para estos casos suele ser de un año. Si el Ejecutivo tomara alguna medida administrativa para impedir el enterramiento en la Almudena, el abogado de la familia recuerda que «el gobierno está jugando a la propaganda y nosotros en el ámbito del derecho y los derechos humanos», unos derechos que el Ejecutivo «pretende atropellar para ganar un puñado de votos con decisiones que probablemente no podrá llevar a cabo» y asegura que la familia no se plantea otra alternativa. Además, recordó que el TS, en su auto del 17 de diciembre advirtió al Gobierno de que no podía llevar a cabo la exhumación «sin que antes se haya pronunciado» el Alto Tribunal.
La Fundación Francisco Franco también recurrirán tanto el acuerdo del Consejo de Ministros como el impedimento de enterrar a Franco en la Almudena al entender que «no hay argumentos» para que no puedan hacer uso de una sepultura privada y que el informe de delegación del gobierno es un informe «de parte». Asimismo afirman que el Gobierno se encuentra en «un callejón sin salida». Advierten de que el Ejecutivo tiene desde hace tiempo elaborado este informe pero «lo sacan ahora porque tratan de desviar la atención de la concentración del domingo y del juicio del procès». «No existen las casualidades».
La Iglesia no ha cambiado de opinión: es entre la familia y el Gobierno y cuando haya sentencia
La Iglesia ya se pronunció diciendo que no autorizaba la entrada ni la exhumación y el abogado de la familia advierte al Gobierno de que no puede acceder a un lugar sagrado sin permiso eclesiástico. Recuerda que ni el Obispo de Madrid, Carlos Osoro, puede decidirlo porque «no tiene competencias» y así lo ha dicho «por activa y por pasiva». Asimismo destaca que lo que ha hecho el abad del Valle «es respetar la legalidad» diciendo que sin el permiso de la familia no autoriza ninguna exhumación. «Los españoles deben estar tranquilos de que ningún Gobierno que venga pueda desenterrar a sus muertos por razones ideológicas».
