(R. Serrano/La Razón) El documento ha sido elaborado, a partir del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros y en comparación con el resto de normativas de la UE, por tres juristas: Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba-CEU de Barcelona, en colaboración con José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional, y Cárlos Pérez del Valle, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Un dato llamativo es que la ley española es la única que prevé entregar “en sobre cerrado” a la paciente la información sobre las alternativas a la interrupción del embarazo. En el resto de los países se prevé una entervista con personal especializado, asegura el informe, encargado por Derecho a Vivir. Además, la nueva ley será la única, a excepción de la sueca, que no incluirá la obligación de aportar “información objetiva acerca de los riesgos médicos y de las consecuencias derivadas del aborto”.
Por otro lado, el documento asegura que el anteproyecto, elaborado por Igualdad, “discrimina expresamente” a los profesionales sanitarios contrarios al aborto. Y lo hace, a juicio de los tres juristas, en los casos de enfermedad grave del feto. En estos supuestos, que no implicarían incompatibilidad con la vida, pero sí con “una vida digna”, según los partidarios de la ley, sería un comité clínico el que decidiera si permite o no la interrupción del embarazo. Y el anteproyecto señala que en ningún caso podrán formar parte de estos comités los profesionales que con anterioridad hubieran expresado su oposición al aborto. Esta medida, además de discriminatoria, provocará, según el informe, que la paciente reciba información “parcial y sesgada, que la orientará hacia el aborto”.
Asimismo, el informe indica que, entre los países europeos que tienen una ley de plazos, las 14 semanas de la futura legislación española sólo serían superadas por las normas de Suecia y Países Bajos.
El informe concluye que es “insólito” hallar una regulación con los aspectos más permisivos de todas, pero no con las garantías de las demás legislaciones.
Contradicciones
- La ley prevé dar a las pacientes información sobre las alternativas al aborto, pero no sobre los riesgos sanitarios de la intervención.
- La información se entregará en sobre cerrado, pero ningún profesional asesorará a la mujer que se plantee abortar.
- Habrá comités clínicos para decidir sobre abortos fuera de plazo, pero no podrán formar parte de ellos los médicos contrarios a la interrupción del embarazo.
