(ACI Prensa) Albán murió el lunes 8 de octubre tras caer del décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Plaza Venezuela, al este de Caracas. El concejal había sido detenido el 5 octubre al ser vinculado con la explosión de dos drones durante un acto militar al que asistió el presidente Nicolás Maduro.
«Exigimos al Estado Venezolano que realice una investigación objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en la sede del SEBIN», pidió la Arquidiócesis de Caracas en un comunicado emitido el lunes 8 de octubre, luego de indicar que la información dada por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, los dejó «perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio, no corroborado por una investigación profunda y objetiva».
«En tal sentido solicitamos que se establezca la verdad sobre lo ocurrido y se determinen las responsabilidades del caso, tomando en cuenta que el concejal Albán estaba bajo la custodia del Estado Venezolano, quien es responsable de garantizar la vida e integridad personal de los detenidos», agregó.
Al inicio del texto, la Iglesia en Caracas manifestó su «profundo pesar» y se solidarizó «con el dolor de la familia Albán en estos momentos de incertidumbre y consternación». La archidiócesis dijo que el concejal era un «hombre de sólidos valores cristianos y compromiso con los pobres».
«Repudiamos cualquier hecho contrario a la dignidad humana y al respeto de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran privadas de libertad por hechos de naturaleza política y, en especial, lo sucedido con quien era concejal de la ‘Comisión de Culto, Fomento e Impulso del Buen Vivir’ por las parroquias Santa Rosalía, San Pedro, El Recreo y San Agustín», señala el texto.
«Hombre comprometido con la acción social de la Iglesia Católica en Caracas con Caritas, ‘La Olla Solidaria’, en los barrios más humildes y ‘El kilo de amor’ para la gente pobre. Hasta ayer se conoció que estaba sereno y tranquilo -inclusive- envió directrices a su equipo para que mantuviese el trabajo en favor de los pobres», sostuvo la Arquidiócesis de Caracas en su comunicado.
Finalmente, elevó plegarias por el eterno descanso del concejal y oró para que «se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos».
Por su parte la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana también lamentó «profundamente el fallecimiento» y exigió «una investigación independiente, imparcial, transparente y oportuna sobre las circunstancia en que ocurrió dicho deceso».
Por ello, pidió específicamente que se «averigüe transparentemente la detención arbitraria, la posterior desaparición, los posibles tratos que recibió mientras estaba bajo la custodia de los funcionarios del SEBIN y la muerte del concejal Fernando Albán».
Luego, exigió promover «acciones o recursos» en contra de «los funcionarios públicos que por comisión u omisión se encargaban de la vigilancia del detenido en el momento de los hechos».
Finalmente, pidió que «el Estado investigue objetivamente la muerte de las personas privadas de libertad, a los fines de determinar sus causas y precisar la responsabilidad a que haya lugar».
También el Arzobispo Emérito de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Savino, se pronunció sobre el hecho y aseguró estar «profundamente conmovido por la extraña, inesperada e inexplicable muerte del concejal» .
«El sábado 6 rechacé su arbitraria detención por considerarlo inocente de los delitos que se le imputan, y exigí que los procedimientos que se hicieran en su contra se atuvieran a las normas constitucionales y legales», afirmó.
El Cardenal pidió «una investigación imparcial que aclare las circunstancias de este trágico suceso y que, en caso de que haya habido un crimen, se apliquen las penas necesarias a quienes resulten responsables de su muerte».
«Fernando era un hombre pacífico, de sólidos principios y de fe católica. Oremos por su eterno descanso y pidamos a Dios nos ayude a superar pacíficamente las trágicas circunstancias en que vivimos los venezolanos», concluyó.
