(Efe/InfoCatólica) La Cámara de los Comunes respaldó este lunes una propuesta en ese sentido planteada por el Partido Laborista, con apoyo, incluso, de algunos miembros del Ejecutivo de Londres, que gobierna en minoría gracias a los diez diputados del ultraconservador Partido Democrático Unionista norirlandés (DUP).
Un número significativo de parlamentarios le piden a May que modifique la legislación vigente en la provincia británica, después del «sí» a la reforma del aborto en el referéndum celebrado el 25 de mayo en la vecina República de Irlanda.
La líder del DUP, Arlene Foster, ha reiterado que el resultado de esa consulta no tendrá un impacto en la región y que la cuestión del aborto es competencia de la Asamblea autónoma norirlandesa, que, no obstante, permanece suspendida desde hace 18 meses.
La formación unionista, principal entre la comunidad protestante de la región, se opone a la liberalización del aborto y, según los medios, condiciona su apoyo al Gobierno de Londres al mantenimiento de la legislación vigente.
May también ha indicado que el aborto debe de ser abordado por los políticos norirlandeses, si bien aumenta la presión para que tome cartas en el asunto ante la ausencia de un Ejecutivo autónomo de poder compartido.
A diferencia del resto del Reino Unido, donde es legal, el aborto está regido en Irlanda del Norte por dos leyes -de 1861 y 1945-, que establecen que poner fin al embarazo es delito, excepto cuando corre peligro la vida de la madre o hay riesgo de que la mujer sufra problemas físicos o mentales si continúa con la gestación.
Las restricciones en ambas jurisdicciones de la isla de Irlanda provoca que miles de mujeres viajen cada año fuera de la región para abortar por la amenaza de penas de cárcel de hasta 14 años en el sur y de cadena perpetua en el norte. También es habitual que compren por internet píldoras que provocan el aborto
La amplia victoria del «sí» en el referéndum irlandés permitirá ahora al Gobierno de Dublín, dirigido por el democristiano Fine Gael, cambiar la ley y permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras doce semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las veinticuatro.
