(El Nuevo Diario/Infocatólica) A través de un decreto emitido el viernes -a dos semanas de asumir el gobierno-, el Ministerio de Salud eliminó un artículo que hacía alusión a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.
El anterior protocolo rescindía los convenios pactados entre el Estado y aquellas instituciones privadas que apelaran a la objeción de conciencia para no practicar los abortos.
El nuevo protocolo reduce también los requisitos exigidos a las instituciones, al excluir la necesidad de justificar «en base a creencias, valores, idearios y la expresión de la relación concreta entre aquellos y sus estatutos» la decisión de objetar.
La ley de aborto aprobada en el Parlamento chileno estableció la objeción de conciencia «personal», pero el Tribunal Constitucional -tras una petición de revisión de la norma por parte de legisladores conservadores- la amplió a cualquier institución.
