(Fides) Tras señalar que «desde hace años Kenia ha estado a la vanguardia en el noble esfuerzo humanitario de acoger a los refugiados de los países vecinos y lejanos», los obispos recuerdan los principios de la Constitución de Kenya (Art. 27, que establece que el Estado no puede realizar ningún tipo de discriminación) y las obligaciones internacionales derivadas de la Convención ONU sobre los refugiados de 1951 y la de la Organización de la Unidad Africana (que en el ínterin se ha convertido en Unión Africana) de 1968, que «obliga al gobierno a proteger a los refugiados durante su permanecer en Kenia, prohíbe toda forma de retorno forzado, y mantiene el carácter civil y humanitario de los campamentos de acogida».
«En consonancia con las obligaciones nacionales e internacionales, así como con las enseñanzas católicas, solicitamos al gobierno que demuestre un compromiso sincero con las necesidades de todos, sin distinción, especialmente de los refugiados» subrayan los prelados.
Si el gobierno de Kenia ha justificado la decisión de cerrar los campamentos por razones de seguridad nacional, los obispos reconocen «las preocupaciones genuinas del gobierno y aprecian la determinación de reforzar la seguridad, pero esto debe hacerse para el cuidado y protección de todos aquellos que viven dentro de las fronteras de Kenia». Además recuerdan otro artículo de la Constitución, el 228, que dice: «hay que perseguir la seguridad nacional, de conformidad con la ley y con pleno respeto de las normas legislativas, democráticas, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales».
Después de haber reafirmado su compromiso de cooperar con las autoridades para encontrar «soluciones sostenibles a largo plazo para los refugiados», el episcopado keniata concluye pidiendo al gobierno que reconsidere su decisión y siga el camino del diálogo para «garantizar una repatriación pacífica y voluntaria de los refugiados» que así lo deseen. Mientras tanto se recomienda la re-activación del Departamento de Asuntos de Refugiados
