(DAV Cádiz) Justamente la semana pasada, la presidenta de la Junta Andalucía ha afirmado, visitando el humedal recuperado de Los Tollos, que ese proyecto es «ejemplo de lo que debemos hacer siempre desde lo público», gobernar «para los que todavía no han nacido».
«Cada decisión que tomamos tiene que proteger nuestro patrimonio natural para miles y miles de andaluces que todavía no han venido al mundo», dijo la presidenta.
DAV Cádiz se pregunta qué niños recibirán ese patrimonio natural andaluz, si Susana regala dinero para que los magnates del aborto puedan realizar su labor, si la presidenta socialista promueve el asesinato de esos niños con el dinero de los contribuyentes, en una clara política antinatalista.
Con el dinero de todos los andaluces
La Plataforma provida gaditana denuncia que el aborto en Andalucía está pagado con los impuestos de todos los andaluces, con los presupuestos destinados a mejorar la sanidad –que tiene tantas deficiencias en la comunidad autónoma–, a construir centros asistenciales, a elevar la enseñanza andaluza –paliando la lacra de los más de medio millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan–. O, sin ir más lejos, a abrir la Maternidad en el Hospital de San Carlos, en San Fernando, Cádiz, la cual no está operativa desde que éste pasó a manos de la Junta.
Sin entrar en este momento en ningún debate ideológico, y aunque Andalucía es la segunda comunidad autónoma con más abortos, después de Cataluña y por encima de Madrid, se constata fácilmente que Andalucía tiene necesidades más urgentes que dar dinero a los empresarios abortistas. Es cuestión de prioridades.
Los señores del aborto en Andalucía
Las adjudicatarias del dinero de los andaluces son centros como Poliplanning, Atocha Ginecológica, Ginecenter, Spawsky, Triana, Gynetrisur, Ginecología Almería, Trotula Rugiero y Clínica Sevilla.
Derechoavivir también constata que detrás de estas clínicas están los conocidos como «señores del aborto» (ver información destapada por Actuall: http://www.actuall.com/vida/quien-es-quien-en-el-aborto-en-andalucia/), empresarios sin escrúpulos que se enriquecen con la muerte de inocentes, nombres conocidos en la industria abortista como
- Eduardo Pérez Luján, de clínicas Poliplanning de Huelva, procesado en dos ocasiones por posibles delito de aborto ilegal.
- Alberto Stolzenburg, ginecólogo chileno que ingresó en la cárcel en 1993 por un delito de aborto ilegal. Poco después fue indultado por Felipe González.
- Rafael González Bravo, rey del aborto en Andalucía, con el que ha hecho un gran imperio económico: en Málaga posee hasta tres clínicas abortistas. Con el dinero ganado con los abortos ha ampliado sus negocios con otras nueve empresas, entre las que hay inmobiliarias, constructoras, etc.
- Bernardo Óscar Acuña, ginecólogo argentino. Ha llegado a escribir artículos pidiendo un control de la población mundial, que además evidentemente a él le reportaría grandes beneficios.
- Santiago Jordán. Tiene excelentes relaciones con la Junta. Pero tal y como informó ABC en 1993, este empresario incurrió en varias irregularidades después de que el Sistema Andaluz de Salud pagara a la clínica los abortos que realizaba a pesar de que ésta no poseía autorización.
Estos son, según la Plataforma DAV Cádiz, los adjudicatarios acostumbrados a recibir el dinero de los contribuyentes, para la práctica de asesinatos de niños andaluces.
Se concluye pues que el aborto se ha convertido en un negocio suculento en Andalucía, pasando a ser libre, gratuito y una práctica rutinaria en comunidades autónomas como la ésta.
Para la Asociación Derechoavivir en Cádiz, la financiación pública del aborto es, cuando menos, un insulto a la conciencia de los ciudadanos, y un atraco al bolsillo del contribuyente.
