(Fides/InfoCatólica) «Los gobiernos del país - explica - son responsables de permitir el abuso de la ley sobre la blasfemia, que da lugar a un clima de inseguridad generalizada, haciendo caso omiso de las posibles soluciones o remedios al problema». Por lo tanto, ahora «no pueden ignorarlo».
«El estado - señala Jacob - tiene la responsabilidad de proteger a los acusados, que muy a menudo son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero también a los abogados y jueces, porque ellos muchas veces han pagado con la vida el compromiso de defender o absolver a los acusados de blasfemia».
Jacob recuerda algunos casos, como el de Rimsha Masih, en los cuales el gobierno ha compartido «una parte de responsabilidad» y que «se han gestionado bien». Casos en los que, al final, la verdad ha salido a la luz.
Rimsha Masih, por ejemplo, fue absuelta en 2013 después de que se desenmascarase una conspiración contra ella. Por lo tanto, según Jacob, la sociedad civil debe pedir «una mayor participación del gobierno en defensa de los casos de blasfemia» y esto también debe ocurrir en el caso de Asia Bibi, en la que el Tribunal Superior de Lahore ha confirmado en apelación la sentencia de muerte por blasfemia
