(Alfa y Omega/InfoCatólica) El Anteproyecto de Ley orgánica de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada ofrece «una oportunidad única para plantear abiertamente en nuestro país la obligación que tiene el Estado de tutelar los derechos fundamentales», y así avanzar en el plano ético y social y proteger a la mujer ante la maternidad. Así lo afirman más de 280 juristas de toda España, que este miércoles han presentado un Manifiesto de juristas ante la reforma de la protección del aborto.
Entre los firmantes, se encuentran más de cien profesores -40 de ellos catedráticos- de 39 universidades, miembros de altas instituciones del Estado y de la Justicia, abogados del Estado, letrados de las Cortes y del Consejo de Estado, diputados y senadores, además de abogados que trabajan en el sector privado. Todos ellos pretenden abrir un debate sobre la cuestión del aborto en términos jurídicos, puesto que durante décadas se ha abordado sobre todo en términos ideológicos.
El no nacido es un ser individual
En el manifiesto, se plantean una serie de criterios que «toda regulación del drama del aborto debe tener en cuenta». El primero de ellos es que «el concebido es un ser individual, distinto de la madre aunque alojado» en su seno, por lo que «el Estado debe establecer un sistema de normas -incluidas las penales- que tutelen» su vida. Esto implica, además, que «el aborto no es una cuestión exclusivamente privada, sino que presenta una indudable dimensión social», pues está en juego «la protección que la comunidad política brinda a la vida humana».
Los firmanes recuerdan, además, que «de acuerdo con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el aborto no es un derecho de la mujer». De hecho, el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido la libertad de los Estados «de proporcionar el más elevado grado de protección a la vida del concebido».
Piden un «examen riguroso» de los supuestos
Por su parte -añaden-, el Tribunal constitucional «obliga al Estado a establecer un sistema legal para la defensa y protección efectiva del no nacido», sin renunciar a la vía penal, aunque en algunos supuestos despenalizados esta protección penal pueda sustituirse por una tutela de otro tipo. En cualquier caso, la despenalización del aborto «no implica que deje de ser una conducta antijurídica».
Además, que al despenalizar el supuesto de grave riesgo para la vida o salud de la mujer embarazada, se suprime la protección penal de un bien jurídico amparado por la constitución, por lo que «resulta exigible la acreditación fehaciente de ese hecho», mediante medidas que «han de garantizar el examen riguroso de los hechos y valoraciones justificables», subrayan los juristas adheridos al manifiesto.
En cualquier caso, más allá de los supuestos de despenalización, el Estado tendrá siempre el deber de proteger la vida del no nacido, que «debe ser cumplido por medio de una adecuada protección social de la maternidad, apoyando a la mujer embarazada» y facilitándole información sobre las ayudas a las que tiene derecho y las consecuencias del aborto.
Por último, los firmantes explican que el hecho de que el Estado despenalice el aborto en algunos supuestos no implica que se pueda «exigir a nadie que colabore con esa práctica», por lo que toda regulación «debe respetar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios».
Nacimiento de una plataforma
El manifiesto fue presentado en Madrid por José Gabaldón y Ramón Rodríguez Arribas, ambos Vicepresidentes eméritos del Tribunal Constitucional, Verónica Ester Casas, abogado del Estado de la Audiencia Nacional, y María Calvo, profesora de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. En la presentación, explicaron que el manifiesto ha dado lugar, además, a la creación de la plataforma Juristas por la tutela de los derechos fundamentales. Quienes lo deseen, pueden adherirse a ella en la dirección: www.juristasyderechos.com
Entre los miembros de la plataforma, ya se encuentran Jesús Cardenal, ex Fiscal General del Estado; José Luis Requero, magistrado del Tribunal Supremo y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial; Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo; Santiago Milans del Bosch, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional; Rafael Losada, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; Rafael Perera, magistrado jubilado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares; Rafael Navarro-Valls, Secretario General de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación; y Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia.
María Martínez López en Alfa y Omega
