(END/InfoCatólica) En el evento participaron unas 250 personas de organizaciones de la sociedad civil. El documento de resolución ratifica los principales compromisos y acuerdos internacionales de derechos humanos y en particular el Programa de Acción de El Cairo a la vez que plantea importantes avances en la región.
Avanza la cultura de la muerte
Entre los puntos claves de la conferencia en esta región, en donde cinco países penalizan el aborto en toda circunstancia, figura el apoyo explícito a la falsa tesis que sostiene que la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos, todo lo cual alejaría a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los datos objetivos demuestran que tales afirmaciones no se corresponden a la realidad.
Partiendo de esa falsedad, hubo un mensaje contundente a los Estados para que modifiquen las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre el aborto para, supuestamente, salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos.
Asimismo, se pidió que se asegurara, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados.
Respeto a la orientación y derecho sexual
Para los participantes en el evento, es significativo también que la región haya logrado un consenso general para el reconocimiento del respeto a la orientación sexual e identidad de género. Igualmente notable consideran el reconocimiento a los derechos sexuales como derechos independientes de la reproducción, aclarando que abarcan el derecho a una sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, con respeto de su orientación sexual e identidad de género, sin coerción, discriminación ni violencia.
Los Estados abordaron también las postergadas demandas de las mujeres indígenas de la región, comprometiéndose a integrar el enfoque participativo e intercultural en los programas de educación integral para la sexualidad que deben generar, así como en los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
Garantizar el acceso a los anticonceptivos para los adolescentes
Asimismo, los participantes acordaron que el Estado debe garantizar el acceso universal a estos servicios de salud sexual y salud reproductiva y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad para que los jóvenes tomen decisiones libres, informadas y responsables con relación a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual. Estos últimos deben ser también de calidad y amigables para adolescentes y jóvenes;
En este sentido, se reafirmó explícitamente que niños, niñas, jóvenes y adolescentes son «sujetos de derecho y actores de desarrollo» y su situación fue uno de los ejes del debate en Montevideo. Especial preocupación se expreso por el embarazo en la adolescencia, un fenómeno creciente en la región, especialmente entre adolescentes de grupos en situaciones de exclusión social. En este sentido, los Estados se comprometieron a dar prioridad a la prevención del embarazo no deseado en adolescentes y otras medidas para mitigar las posibles violaciones de derechos humanos de adolescentes embarazadas.
Erradicación de la violencia contra las mujeres
En relación a la violencia contra las mujeres, los Estados ratificaron su compromiso de combatir y eliminar todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, incluida la violencia intrafamiliar, el asesinato de mujeres por razones de género y el femicidio/feminicidio. Esto es importantísimo en una región en donde la violencia por razones de género esta alcanzando proporciones de epidemia.
Los Estados reafirmaron que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte integral de los derechos humanos y su ejercicio es esencial para el goce de otros derechos fundamentales y para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y de eliminación de la pobreza. También volvieron a remarcar que las desigualdades en la región son inaceptables, reconociendo la discriminación múltiple a la que se enfrentan algunas mujeres y niñas que además son indígenas, afrodescendientes o viven en la pobreza.
En igual sentido, los Estados reafirmaron que la mortalidad materna es una afrenta a los derechos humanos y reconocieron que las muertes maternas en su abrumadora mayoría son prevenibles.
Los acuerdos fueron celebrados por representantes de más 50 organizaciones, redes internacionales y nacionales de 30 países que forman parte de la Articulación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Cairo +20 presentes en Montevideo. Se valoró haber contado con un espacio regional de debate con amplia participación de la sociedad civil y en el cual no quedó duda de la necesidad de acabar con las desigualdades de género como requisito fundamental para el desarrollo de América Latina y el Caribe.
