(Luis F. Pérez/InfoCatólica) El foro de sacerdotes vizcaínos publicó el pasado 7 de octubre un comunicado en respuesta al documento “Ante la crisis, solidaridad”, aprobado por la Comisión Permanente de la CEE, en el que se citaba documentos previos de los obispos españoles sobre la cuestión de la unidad de España como bien común.
Los curas critican especialmente el punto doce del documento episcopal, que reza así:
Entre las formas de “caridad social para el fortalecimiento de la moral de la vida pública”, nuestra Asamblea Plenaria se refería en 2006, en la Instrucción pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España, a la que toca las relaciones entre los pueblos de España. Reconociendo, en principio, la legitimidad de las posturas nacionalistas verdaderamente cuidadosas del bien común, se hacía allí una llamada a la responsabilidad respecto del bien común de toda España que hoy es necesario recordar. Ninguno de los pueblos o regiones que forman parte del Estado español podría entenderse, tal y como es hoy, si no hubiera formado parte de la larga historia de unidad cultural y política de esa antigua nación que es España. Propuestas políticas encaminadas a la desintegración unilateral de esta unidad nos causan una gran inquietud. Por el contrario, exhortamos encarecidamente al diálogo entre todos los interlocutores políticos y sociales. Se debe preservar el bien de la unidad, al mismo tiempo que el de la rica diversidad de los pueblos de España. Adjuntamos a esta declaración los párrafos de la mencionada Instrucción pastoral en los que se explican estas exigencias morales, que hoy, en la delicada situación de crisis que nos afecta a todos, se presentan con particular urgencia.
Los sacerdotes vizcaínos recuerdan a su vez la carta pastoral Preparar la paz, publicada por los obispos de la Comunidad Autónoma Vasca el 29 de mayo de 2002. En ella se sostiene que, en principio, «mientras (los diferentes modelos políticos) respeten los derechos humanos y se implanten y mantengan dentro de cauces pacíficos y democráticos, la Iglesia no puede ni sancionarlos como exigencia ética ni excluirlos en nombre de ésta. En consecuencia, ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado Español, son, en principio, para la Iglesia «dogmas políticos» que requieran un asentimiento incondicionado».
Igualmente afirman que el último documento de la CEE «no es vinculante para la formación del criterio moral de la comunidad católica ya que se trata de un escrito pastoral, no de un documento doctrinal aprobado unánimemente por los obispos o ratificado por la Santa Sede. Su valor es testimonial y su fuerza vinculante descansa en la solidez evangélica y argumentativa de lo que sostienen sus firmantes. No le asiste otra autoridad doctrinal. Ello quiere decir que en la materia que nos ocupa, las orientaciones formuladas en 2002 por los obispos del País Vasco siguen siendo hoy y aquí el magisterio auténtico para nuestra Diócesis de Bilbao».
