(Efe) «Nos permitimos también sugerir, en aras de crear un clima de paz en el país, hacer un gesto de reconciliación, como un indulto o la amnistía a favor de esos hermanos», señala el comunicado de la CEB.
Desde que el presidente Evo Morales llegó al poder en 2006, decenas de opositores se refugiaron o asilaron en Brasil, Perú, Paraguay, Estados Unidos y España alegando persecución política del Gobierno, mientras que las autoridades sostienen que se trata de personas que huyen de procesos de corrupción.
Los obispos bolivianos remarcaron la importancia de que el ejercicio de la justicia «sea libre de condicionamientos de tipo económico, social y político, no para la impunidad sino para garantizar juicios imparciales».
También advirtieron de que si continúa la «instrumentalización de la justicia», se estarán resquebrajando «seriamente» las bases democráticas de la convivencia y se proyectará «una imagen negativa ante el mundo acerca de la vigencia de los derechos y libertades fundamentales» en Bolivia.
Uno de los casos de asilo más sonados es el del senador opositor Roger Pinto, refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz desde el pasado 28 de mayo con el argumento de que es víctima de una «persecución política» por acusaciones de corrupción y connivencia con el narcotráfico al Gobierno, que ha rechazado tal denuncia.
La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia también expresó hace poco su preocupación por la cantidad de procesos judiciales en contra de opositores y por la persistencia de las actitudes de descalificación a quienes piensan distinto.
Los obispos aseguraron hoy que muchas personas sienten que sus libertades «se recortan» por las demoras judiciales, pero además por la «intimidación y el uso inicuo de la coerción estatal y del aparato judicial», lo que crea un «clima de inseguridad personal que provoca el silencio y a veces hasta el abandono de la patria».
Estas personas, agregaron los obispos, se sienten «perseguidas por expresar un pensamiento disconforme con el proyecto político instaurado en el país» y citaron como ejemplo de ello la denuncia ante la Fiscalía del Gobierno de Morales contra tres medios de comunicación a los que acusa de supuesta incitación al racismo.
«Nosotros, junto a numerosas voces de la sociedad civil, reafirmamos nuestro rechazo a esta medida y pedimos que se actúe de acuerdo a la vigente Ley de Imprenta», añadieron.
