(El Tiempo) «En varias ocasiones, el Episcopado recordó que el fin principal de la Reforma debía ser el establecimiento de una justicia pronta y eficaz, capaz de tutelar los derechos e intereses de todos los ciudadanos, especialmente de los más pobres y desfavorecidos», dijo el padre Pedro Mercado, encargado de la Oficina para las Relaciones del Clero con el Estado.
Desde la CEC se asegura que la reforma «contiene medidas que debilitan seriamente los controles penales, disciplinarios y de pérdida de investidura de los congresistas. No fue fruto del consenso que debía existir, sobre diversas materias, entre los poderes públicos. Contiene disposiciones que afectan el principio de separación de poderes, así como la autonomía e independencia de la Rama Judicial, particularmente en aquello que se refiere al autogobierno administrativo, técnico, de planeación y presupuestal».
El padre Mercado comentó que «las medidas tendientes a hacer más pronta y eficaz la justicia colombiana, finalidad primordial de la Reforma, no parecen haber recibido la atención suficiente por parte del poder legislativo». La Iglesia rechazó también el comportamiento de los congresistas que conciliaron la Reforma y les pidió que asuman su responsabilidad política.
«Todos quieren lavarse las manos y echarse las culpas; deben poner la cara y admitir sus errores», señaló Mercado al afirmar que el Episcopado espera que dicha iniciativa no entre en vigencia. Al contrario, pide que sea replanteada en un consenso que involucre a los diferentes actores de la sociedad.
«La gravedad de cuanto ha sucedido debe impulsar a nuestros líderes a actuar con más rigor político y respeto de la Constitución. Igualmente, debe servir a la ciudadanía para tomar conciencia de la urgente necesidad de asumir un papel más participativo y protagónico en las decisiones del Estado», concluye el pronunciamiento.
