(Ahora Calafate) La funcionaria entiende que ante el deseo de la niña, que previamente tuvo el consentimiento de los padres, no se llegó a cumplir con ese derecho a abortar. «Queda el sabor amargo que a esta joven no la pudimos ayudar», dijo Costa a un periodista de Ahora Calafate.
El debate legal primero, la falta de un protocolo provincial para estos casos y la repentina decisión de los padres, al final, hicieron que la chica no tuviese acceso a la interrupción del embarazo que comenzó con una violación.
Tal y informó Ahora Calafate, a mediados de la semana pasada, cuando el juez local Carlos Narvarte había interpretado que el caso no era judiciable, el ministerio de Salud de la provincia tuvo que adherirse al Protocolo nacional y se encontraron médicos locales que aceptaron practicar el aborto, los padres de la menor cambiaron de parecer.
Norma Costa confirmó que el miércoles, los padres y la jovencita se presentaron en la Oficina de Protección para decir que renunciaban al pedido que ellos mismos habían hecho para abortar. Pero el fundamento esgrimido por la familia no fue una cuestión de conciencia. Costa asegura que los padres argumentaron que suspendían el pedido porque debían viajar a Bolivia por cuestión del grave estado de salud de un familiar, un viaje que llevaba varios días de retraso ante la situación generada con su hija.
Cuándo a Norma Costa un periodista de Ahora Calafate le preguntó si la menor también estaba de acuerdo con suspender la solicitud, la funcionaria respondió: “La joven estaba junto a los padres y ella acepta la decisión familiar”.
Ahora la secretaria de Promoción Social lamenta que el Estado no haya podido brindar respuestas a la demanda de la menor. Cada vez toma más fuerza la sospecha que la chica no fue violada como dijeron sus padres, en la vía pública y por desconocidos. En cambio, las sospechan aumentan en el sentido de un posible abuso dado en el círculo cercano a la víctima.
