(Efe) El portavoz del obispado de Amberes, Olivier Lins, indicó a la agencia de noticias Belga que la Policía judicial federal ha confiscado en esa sede una docena de archivos relacionados con supuestos abusos sexuales, así como listas con nombres de posibles víctimas que habían contactado al arzobispado.
"Evidentemente hemos aceptado colaborar. Nos hemos quedado con copias de los informes a fin de poder continuar nuestro trabajo", comentó.
De forma paralela, la Policía inspeccionó durante horas el obispado de Hasselt, de donde una quincena de investigadores salió portando una gran caja blanca. "No tenemos nada que esconder", declaró el portavoz de dicha diócesis, Clem Vande Broek.
"Tras catorce años en el obispado, puedo asegurar que, durante ese periodo, todas las declaraciones de abusos que nos han llegado han sido escrupulosamente archivadas y remitidas a la Justicia", apuntó.
En lo referente al arzobispado de Malinas-Bruselas, su portavoz, Jeroen Moens, también confirmó que la policía judicial inició registros allí hacia las 13.00 hora local.
El escándalo de los abusos a menores por parte de religiosos estalló en Bélgica en abril de 2010 cuando el Vaticano cesó al obispo de Brujas, Roger Vangheluwe, quien abusó al menos de un sobrino suyo (hay denuncias de al menos otra sobrina y de algunos miembros de un coro infantil).
A partir de junio de ese año, la Policía federal inició la llamada "Operación Cáliz", por la que emprendió registros sorpresa en sedes de la iglesia católica.
Una comisión establecida por la Iglesia católica contabilizó, en una investigación difundida en septiembre de 2010, más de 450 víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos entre 1969 y 1985, de las cuales 13 se suicidaron.
El pasado noviembre, la Justicia belga facilitó a las autoridades locales los nombres y domicilios de un centenar de religiosos que cometieron delitos de pederastia, la mayoría de los cuales habían prescrito, con el fin de evitar su reincidencia.
A mediados de diciembre, la iglesia católica belga anunció que pagará indemnizaciones de entre 2.500 y 25.000 euros a las víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos aunque hayan prescrito legalmente.
